A 24 horas de que la Justicia dispusiera el desalojo de la usina de Enarsa en Sauce Viejo, que permanecía tomada desde el sábado, las facciones antagónicas de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) Santa Fe que responden al interventor nacional Salustiano Lemos y al ex secretario general del gremio local Emanuel Araya volvieron a enfrentarse ayer a palazos y cuchillazos en una batahola que arrojó el saldo de 20 heridos. La nueva saga de episodios violentos que vienen protagonizado militantes del gremio de la construcción desde hace varios meses se registró en las primeras horas de la víspera frente a la planta termoeléctrica ubicada en el parque industrial de Sauce Viejo.
La mayoría de los heridos fue atendida en el Samco de Santo Tomé por politraumatismo y contusiones, y el caso más grave fue el de un obrero que recibió un cuchillazo en un glúteo.
Desalojo. Al cabo de un operativo dispuesto por la Justicia penal santafesina, el mediodía del jueves había sido desalojada en forma pacífica la usina de Enarsa, que anteriormente había sido tomada como medida de protesta por unos 600 afiliados del sector de la Uocra santafesina que responde a Emanuel Araya. Ese mismo día, 28 personas resultaron detenidas en sendos allanamientos a dos sedes de esa agrupación sindical, que se encuentra dividida entre las facciones que responden a la intervención nacional designada por Gerardo Martínez y al desplazado titular de la Uocra local.
La planta generadora de Enarsa ubicada en el parque industrial de Sauce Viejo se mantenía paralizada desde el pasado sábado. Ese día, militantes de la Uocra comandados por Araya, desplazado por la intervención nacional del gremio, coparon las instalaciones como medida de protesta por el despido de 60 trabajadores en una obra de ampliación de la usina.
Anteayer se había efectivizado la medida dispuesta por la Justicia correccional sin que se registraran incidentes, luego de que los intrusos se retiraran de la planta en algunos casos acompañados por sus esposas y pequeños hijos, a los que habían sumado a la protesta. Los trabajadores habían amenazado con resistir la resolución judicial, aunque luego de una asamblea de la que participó el propio Araya resolvieron deponer la medida de protesta.
Sin embargo, ayer se desató nuevamente la furia entre ambos bandos que mantienen en jaque a la ciudad desde principio de año protagonizando incluso incidentes armados. Una furia que se advertía contenida el día del desalojo de la planta nacional transportadora de energía.
La agresión. Fue a primera hora de ayer cuando un grupo de operarios se dirigía a retomar los trabajos de remodelación de la planta y fue interceptado por militantes que responden al desplazado Araya, quienes comenzaron a agredirlos con chuzas y objetos contundentes.
Fuentes policiales dejaron trascender que, luego del desalojo de la planta, fueron encontradas bombas molotov que presuntamente iban a ser utilizadas por los trabajadores en caso de resistir la orden judicial anteayer.
Tal información fue denunciada abiertamente por el titular de la UTE que comanda los trabajos en la usina, Juan Carlos de Goycoechea, quien indicó que "las obras en la central están paradas desde hace más de tres meses y no hubo personal despedido. Después de la toma, cuando logramos ingresar, encontramos 40 bombas molotov en el interior; también habían tapado gasoductos de presión con basura y faltaban los matafuegos", agregó.
"Es un conflicto grave; esta gente maneja la violencia como medio de dirimir un conflicto intersindical que tiene la Uocra con una facción disidente de Santa Fe, en el medio de una obra que es muy importante para la distribución de energía en toda la zona. No podemos trabajar y eso perjudica al país", concluyó Goycoechea.
Por la noche, el directivo denunció que unos 40 afiliados al gremio volvieron a tomar la planta.
Además de la orden de desalojo de la generadora de energía, la Justicia correccional dispuso el jueves sendos allanamientos a dos locales que ocupaban las facciones comandadas por Araya y a las que el interventor Salustiano Lemos había denunciado por usurpación.
Los operativos, de los que participaron unos 150 efectivos policiales, se desarrollaron con la supervisión del jefe de la Unidad Regional, comisario Rafael Grau, y el fiscal Juan Pablo López Rosas. En unos de los locales que ocupaban las huestes de Araya resultaron arrestadas 28 personas bajo el cargo de "resistencia a la autoridad y desobediencia a la orden judicial".