Los impactos de proyectiles registrados en el frente de una vivienda de Iriondo y San Luis, cerca de donde hace 14 días cayó muerto un trabajador cordobés, corresponden a una de las armas secuestradas por la policía en la filial rosarina de Atilra (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera). Otros 15 manifestantes, provenientes de otros lugares, resultaron heridos aquel miércoles 3 de diciembre en un sangriento enfrentamiento gremial que sacudió a todo el país.
Fuentes judiciales aseguraron ayer que las pericias de la oficina dependiente de la jefatura de la Unidad Regional II arrojaron "un saldo positivo" y que los impactos de los proyectiles en la pared y ventanas de la vivienda de la ochava noroeste de Iriondo y San Luis corresponden a uno de los revólveres, un calibre 38 largo, hallados dentro del gremio. Las otras armas secuestradas son una pistola calibre 22 y un caño de escopeta calibre 16.
Un patovica rosarino, Raúl Alejandro Cazón, de 35 años, está detenido desde el sábado 6 luego de que la jueza de instrucción María Luisa Pérez Vara ordenara su captura. El abogado defensor, Carlos Varela, confió anoche a este diario que Cazón declarará el viernes ante la Justicia. Hasta ahora se había negado.
A Cazón, imputado de homicidio, se lo ve empuñar y disparar un arma en videos y fotos tomados por la policía. La jueza trata de determinar también la identidad de otras tres personas que habrían actuado cerca, también con armas de fuego.
Para las próximas horas se esperaría un informe de entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre Cazón y varias personas de Rosario.
El manifestante cordobés muerto se llamaba Héctor Cornejo y uno de los heridos más graves fue Pablo Rízzolo, de Santiago del Estero, quien recibió un balazo en un pulmón. El proyectil, calibre 22, no le fue extraído por los médicos.
El lunes pasado, en un reportaje que LaCapital pudo hacerle en una clínica de Sunchales, donde permanecía internado, Rízzolo declaró: "La bala vino desde arriba de la sede gremial y tiraron a matar". Agregó que "se trató de una emboscada pensada para esperarnos y atacarnos sin piedad". Según su versión, los 500 manifestantes de varias provincias que conformaban la columna que él integraba habían llegado a Rosario para "demostrar fuerza pero dialogar, como en otros tantos conflictos".
La filial local de Atilra es conducida por Víctor Vega y Ariel Chávez, secretario general y adjunto, respectivamente.
El miércoles pasado la conducción nacional de Atilra dispuso la intervención de la misma y decretó la caducidad de los mandatos de Vega, Chávez, el resto del secretariado y hasta de la comisión revisora de cuentas. Pero los dirigentes de la filial rechazaron e impugnaron la intervención.
La sede siguió mostrando un desarrollo normal, sin que ninguna comisión enviada desde Buenos Aires haya arribado todavía al lugar.
El crimen ocurrió este sábado por la noche en un pasillo de la zona oeste de la ciudad. La víctima tenía 21 años.
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