No sólo entre los legisladores y funcionarios del Frente Progresista causa inquietud la ley de emergencia en seguridad. Algunos peronistas miran con desconfianzas algunos artículos que, sometidos a un estricto control de constitucionalidad, podrían resultar objetados. A modo de ejemplo se puede mencionar el inciso V del artículo 2, que dice: v) Ordenar en forma inmediata el apartamiento de todos aquellos funcionarios policiales que cumplan funciones de conducción (jefatura y subjefatura de policía, jefe o subjefe de la plana mayor policial, jefes o subjefes de departamentos de plana mayor policial, jefes y subjefes de unidades regionales, directores y subdirectores generales y directores y subdirectores provinciales) y al momento de la puesta en vigencia de esta ley se les haya ordenado una investigación, resueltas con determinación de responsabilidad o, en trámite y pendientes de resolución; ya sea en el ámbito administrativo o judicial, quedando comprendidas las conductas que puedan constituir faltas graves contempladas en los artículos 42º y 43º de la ley provincial del personal policial Nº12.521, como así las investigaciones previstas en la ley provincial Nº12.238".

Hay quienes creen que este artículo podría violar las garantías constitucionales del debido proceso o la presunción inocencia. Por lo pronto de entrar en vigencia importaría el "inmediato apartamiento" de los jefes policiales actualmente investigados de acuerdo a la lista que el viceministro de Seguridad, Matías Drivet, leyó la semana pasada en la reunión del ministro Lamberto con los diputados: "Hugo Damián Tognoli, Cristian Fabio Sola, Hugo Alberto Fornero, Néstor Daniel Cabrera, Dardo René Saucedo, Fernando Alberto Romitti (no se trata del subjefe), Marcelo Héctor Mendoza, Jorge Alejandro Blanco y Alejandro Miguel Trueca".

Bajas que anticipadamente algunos peronistas ayer festejaban como un tiro de gracia a la gestión socialista en seguridad.