Montevideo. - El Senado, con mayoría del oficialista Frente Amplio, se aprestaba a eliminar una ley de amnistía que amparó a militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). La oposición, que cuenta con 14 de 31 senadores, planteó fuertes críticas al proyecto del oficialismo en el debate que se extendió hasta altas horas de la noche. Según la oposición, la norma para eliminar la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986 no respeta el pronunciamiento de la ciudadanía, que refrendó la amnistía en dos plebiscitos en 1989 y 2009.
Sin embargo, algunos oficialistas han estado en desacuerdo con el proyecto, entre ellos el senador Eleuterio Fernández Huidobro, un ex guerrillero tupamaro, que en plena sesión anunció que votaba a favor de la ley solamente por disciplina partidista, y que luego renunciaba al escaño. Otro senador frenteamplista, Jorge Saravia, votó en contra del proyecto junto a la oposición.
Pese a la postura de Saravia, el Frente Amplio contaba con 16 votos, la mayoría suficiente para aprobar la iniciativa oficialista. El proyecto de ley, impulsado por el Frente Amplio, en el gobierno y compuesto en su mayoría por agrupaciones de izquierda y grupos sociales, no contempla una supresión o modificar la amnistía para los grupos guerrilleros en 1985, sino se refiere solamente a los militares. Al menos 175 uruguayos fueron asesinados o desaparecidos en el Cono Sur durante los 12 años de dictadura, incluyendo 26 que murieron en centros clandestinos de detención en Uruguay, según el informe final de la Comisión de Paz en 2003. Uno de los sobrevivientes, es el ahora presidente José Mujica, ex líder guerrillero tupamaro.
Juicio a represores. Aún con la vigencia de la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 con los votos de los legisladores blancos y colorados -hoy oposición en Uruguay- algunas causas contra represores y torturadores de la dictadura pudieron llevarse a cabo y una decena de jefes militares ya fueron condenados.
La eliminación o derogación de la amnistía fue dos veces rechazada en consulta popular por la mayoría de los uruguayos (la última en 2009, en paralelo a las elecciones presidenciales que ganó Mujica), hecho que llevó a senadores frenteamplistas a objetar el proyecto. El gobierno de Mujica sostiene que las normas internacionales y los tratados sobre derechos humanos firmados por Uruguay están por encima de las leyes nacionales y es necesario respetarlos.
El jefe del ejército, Jorge Rosales, admitió que "hay intranquilidad" entre los militares retirados por las repercusiones que puede tener la derogación de la amnistía, como una avalancha de denuncias y nuevos juicios por presuntos casos de asesinato, tortura y desaparición.
Una vez aprobada la eliminación de la amnistía, pasará a la Cámara de Diputados de 99 miembros donde el oficialismo tiene 50 bancas.
