Una supuesta persecución fiscal contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, desmentida por la Afip, y acusaciones a los miembros del máximo tribunal de actuar como "opositores" alimentaron en las últimas horas la tensión entre el gobierno y el Poder Judicial.
Lorenzetti dejó trascender que podría denunciar penalmente al jefe de la Afip, Ricardo Echegaray, por extorsión y amenazas por el inicio de una supuesta investigación impositiva contra él, sus dos hijos profesionales y el secretario general de la administración de la Corte, Héctor Marchi.
El titular del máximo tribunal de Justicia reveló el caso ante sus pares de la Corte en la habitual reunión de los martes, pero también dejó que trascendiera a la prensa.
Les aseguró a los demás ministros que la investigación se desarrolla desde Buenos Aires pero se centra en Rafaela (de donde es oriundo) y alcanza el secretario general de administración de la Corte, el contador Héctor Marchi, también originario de esa ciudad.
Ayer, la Administración Federal de Ingresos Públicos señaló de manera extraoficial que "no se encuentra realizando ninguna acción de investigación o verificación impositiva sobre (Ricardo) Lorenzetti ni sus hijos".
A propósito, el senador oficialista Aníbal Fernández acusó a Lorenzetti de "victimizarse" con la denuncia, y remarcó: "Si la Afip dice que no hay investigación, es porque no la hay; no puede esconderse un expedientes".
"Esta es una Corte opositora, no es una corte independiente", enfatizó Fernández, y reiteró sus objeciones al reciente fallo de ese tribunal que declaró inconstitucional la elección popular de consejeros de la Magistratura. También dijo que "no hay términos grises, acá es blanco o negro; el voto popular no es inconstitucional".
El cruce se da en un contexto de extrema tensión del gobierno con la Corte, sobre todo después del fallo que frenó uno de los ejes de la reforma judicial, definida por el oficialismo como "democratización de la Justicia".
Hace unos días, otro integrante de la Corte, Juan Carlos Maqueda denunció haber sido amenazado por un militante de la agrupación oficialista La Cámpora, tras lo cual el gobierno pidió que se inicie una investigación.
Las causas delicadas que trata el tribunal no se agotaron con la reforma de la Justicia y no hay discurso en el que la presidenta deje de recriminar esos fallos. El tribunal comenzó a tratar también el reciente dictamen de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, sobre la toma del control por parte del Estado del predio ferial de La Rural en Palermo.
Gils Carbó opinó que la Cámara Civil y Comercial dejó al Estado en situación de "indefensión" al suspender aquella decisión de Cristina Kirchner.
Además, la Corte debe fallar sobre otra de las grandes pulseadas que entabló la presidenta: la ley de medios, cuyos dos artículos clave están siendo objetados por el Grupo Clarín por presunta inconstitucionalidad.
Repudio.Dirigentes de la oposición salieron en bloque a repudiar la presunta investigación de la Afip contra Lorenzetti y adelantaron que harán una presentación en Tribunales contra Echegaray, que estará a cargo del diputado nacional y presidente de bloque PRO, Federico Pinedo, quien consideró que se trata de un "grosero abuso de poder", pese a que la Afip desmintió haber iniciado la pesquisa.
"El poder democrático no puede ser utilizado con fines políticos o privados", aseveró el diputado nacional y agregó que "desde el año pasado se han denunciado varios casos donde el gobierno ha utilizado su poder para intimidar".
Por su parte, el presidente de la UCR, Mario Barletta, consideró que "el gobierno está desaforado y no reconoce límites", y enfatizó que "no les alcanzó con pergeñar un trasnochado e inconstitucional proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que ahora intenta, por la fuerza de la intimidación y la persecución, apretar al presidente de la Corte, utilizando a la Afip. No es la primera vez que Echegaray usa a la Afip con fines persecutorios sobre quienes no opinan como el gobierno quiere", recordó el líder radical.
El consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi repudió lo que definió como el uso de la Afip "como herramienta de presión política, que sumado a los agravios a Maqueda, son síntomas de una escalada contra la Justicia".