Cuando se expresó que nunca un gobierno provincial tuvo tantos recursos como el de la actual administración del Frente Progresista no hubo margen de error. Ahora, con la reforma tributaria aprobada, el gobernador Antonio Bonfatti contará con un aumento de los impuestos en una realidad atravesada por la creciente inseguridad y una marcada desaceleración de la actividad económica.
Esta posición, que fue argumentada con sobrados fundamentos, se vio fortalecida con el trabajo técnico de la Fundación Pensar —usina de ideas de Pro—, que concluye su análisis con la siguiente síntesis: "Se aprobó un nuevo aumento de impuestos a pesar que ningún gobierno en la historia de Santa Fe recaudó y gastó tanto como el actual. Se deben remarcar dos cuestiones esenciales. Por un lado, con los actuales niveles de gasto público la inversión social y en infraestructura es deficiente. Estudiar el perfil del gasto público a lo largo de la gestión socialista brinda respuestas inapelables. Y por el otro, se sigue desperdiciando una oportunidad histórica para debatir si son los santafesinos los que deben pagar por las decisiones tomadas por la actual gestión y la falta de federalismo en Argentina".
El informe de la Fundación Pensar remata: "Se sigue obviando en qué y cómo se está gastando y cuál es la estrategia de la provincia para mejorar la competitivad de sus industrias y generar trabajo".
Teniendo en cuenta estas conclusiones, somos conscientes que se dejó pasar una nueva instancia para alcanzar la provincia que queremos en términos tributarios, pero la complicada situación fiscal a la que se llegó debido a la mala administración de los fondos públicos, generando un desmedido gasto corriente del gobierno socialista, ponía en peligro el pago del medio aguinaldo en diciembre.
De la misma manera, hace varios meses que se abona con demora de hasta 15 días el sueldo de los empleados públicos, suerte similar afecta a las jubilaciones y pensiones, y lo más grave, hasta los comedores comunitarios ya estaban sufriendo un retraso de casi tres meses en el pago de los irrisorios 3,5 pesos por ración.
En este contexto, nuestro Bloque Unión PRO decidió firmar en disidencia en el despacho de la comisión de Presupuesto la pretensión de aumentar los avalúos para la liquidación del Impuesto Inmobiliario Rural en un 120 por ciento.
Consideramos que la presión tributaria desde lo nacional sobre el sector del agro ya es excesiva como para gravarla con más impuestos desde la provincia. Estamos convencidos que una mayor carga tributaria impacta directamente sobre los pequeños y medianos productores que ven sus márgenes de ganancia cada vez más escasos.
De manera análoga tampoco acompañamos el incremento del Impuesto a los Ingresos Brutos a la industria, dado que implica seguir afectando el bolsillo de los santafesinos, ya que todo el aumento se traslada a precios del consumidor. Paralelamente, desincentiva el asentamiento de nuevas industrias en la provincia, se pierden competitividad y posibilidades de generar mayores fuentes de trabajo y desarrollo. Situación que se acentúa en una coyuntura en la que las variables económicas claramente muestran algunas dificultades.
Los números indican que la provincia está en una situación financiera realmente comprometida. El socialismo aumentó y generó de manera preocupante una gran rigidez estructural. En la actualidad el 93 por ciento de los recursos se destinan a gastos corrientes —sueldos, viáticos, consultorías, publicidad, entre otros—; esta es una realidad que no podemos dejar de observar ya que el déficit de las cuentas públicas puede derivar en un colapso de los servicios públicos, en la demora del pago de salarios, y por ende aumentar la conflictividad social, con mayor incidencia hacia fin de año cuando se paga el aguinaldo y las erogaciones de la provincia son mayores.
Hecho este diagnóstico, se tomó la decisión de llevar a fondo el debate para tratar este paquete impositivo, simplemente porque la situación podría ser mucho más crítica sobre fin de año como consecuencia de la falta de gestión y el gasto desmedido.
Para mencionar algunas cuestiones, es sencillo observar que la obra pública está paralizada y que los niveles de inseguridad son crecientes en forma alarmante. Este gobierno se excusa en que no tiene fondos para paliar esta situación; sin embargo existe un enorme trasfondo ideológico respecto del tema de la seguridad, una palabra que sin dudas genera incomodidad entre los socialistas. No tengo dudas que de mantenerse este comportamiento en el Poder Ejecutivo dentro de poco tiempo se estará nuevamente discutiendo un aumento de impuestos. Hoy el socialismo es gobierno y por su pensamiento ideológico difícilmente se impulsarán medidas que propongan programas de equilibrio financiero, fondos anticíclicos o de contención del gasto.
Es necesario aclarar que el proyecto original del Poder Ejecutivo planteaba suba en los avalúos de hasta el 600 por ciento, y que con nuestra decisión pudimos frenar, por ejemplo, el embate del sector kirchnerista que proponía un 300 por ciento de aumento en los avalúos rurales y márgenes más altos para las industrias.
Hay muchas materias pendientes, y como legisladores es nuestro compromiso ponerlas en la agenda política, no sólo para generar discusión sino también pensando que en un futuro podremos darle curso y ejecutar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía que es lo que nos interesa. Y así, dar respuesta a las problemáticas pendientes de una provincia que seguimos viendo dispar de norte a sur, inequitativa y carente de obras que nos permitan mayor desarrollo, seguridad e inclusión.
(*) Diputado provincial
Unión PRO.