Una hipotética, y afortunadamente improbable, reinstalación del servicio militar obligatorio en nuestro país resultaría una decisión, al decir de Ortega y Gasset, “impropia de la altura de los tiempos”. Es una propuesta a todas luces inservible como panacea al grave problema de la violencia que azota actualmente con rigor implacable a la sociedad en su conjunto. Olvidan quienes patrocinan un proyecto, en esta época totalmente descabellado, que la sanción de la ley 4031 el 06-12-1901 (Servicio Militar Obligatorio) fue en parte una respuesta que atendía a problemas coyunturales (crisis en las relaciones con Chile) y además un instrumento destinado a inculcar el patriotismo en los hijos de inmigrantes que por esos años poblaron nuestro suelo. En este último aspecto, completaba la tarea iniciada en la etapa escolar. Era una respuesta al cosmopolitismo que caracterizaba en aquellos tiempos, principios del siglo pasado, al conglomerado social, considerado peligroso en la formación de la identidad nacional. Esa ley catapultó la composición de un sector social (oficiales y suboficiales) que durante décadas se consideró a sí mismo como una élite capaz de arbitrar los destinos del país, ignorando las legítimas pretensiones de la civilidad, por la sencilla razón que contaba con el monopolio del armamento, material del que era depositaria únicamente a los fines de la defensa de la soberanía nacional. El ciudadano que carecía de “contactos eficaces” era quien debía soportar, al menos durante un año de su vida, penosas humillaciones en cuerpo y espíritu. El conscripto (“colimba”) percibía que en el cuartel era sometido a una disciplina caracterizada por una cadena de arbitrariedades que principiaban en las órdenes emanadas de los suboficiales de rango inferior (cabos, cabos primeros), alcanzando una injustificada severidad en las jerarquías superiores (oficiales). En modo alguno podía sentirse parte integrante de la sagrada misión de “armarse en defensa de la patria” quien debía soportar permanentes vejaciones por parte de sus jefes: el desprecio a su condición de “civil”, el entrenamiento utilizado como castigo a través de ejercicios injustificadamente extenuantes, otorgamientos de francos y destinos en función de los intereses personales de los jefes, entre otras injusticias. Y, como se pudo comprobar en 1982, ese Ejército demostró su total ineficacia en una guerra declarada respondiendo a un único propósito: la preservación de una dictadura ya en estado de putrefacción. La ejecución mecánica de movimientos de orden cerrado, único resultado visible de aquellos agobiantes regímenes militares, no garantiza los triunfos bélicos y mucho menos la ansiada paz social. Son necesarias medidas de mayor alcance. Pero ese tema excede estas líneas.

E. Jorge Arévalo / DNI 10.189.789