La mayoría de las obras sociales y prepagas que brindan servicios en Rosario se niegan a cubrir los costos de los tratamientos de fertilidad asistida. Muy pocas admiten un arreglo con el paciente y les pagan un porcentaje mínimo de las prestaciones. El argumento es que al hacerse cargo de estas prácticas, que van desde los 5 mil a los 30 mil pesos, "cuando no está en juego la salud o la vida" puede implicar negarle a otros pacientes el acceso a terapias vitales.

Ivana Besmalinovich, abogada con amplia experiencia en Derecho Constitucional, destacó que los pacientes a los que se les niega este derecho "pueden reclamar formalmente por medio de una carta documento o una intimación en la obra social o prepaga; luego, si hay una negativa o rechazo, queda habilitada la acción de amparo, que es un juicio que tiene plazo y procedimientos acotados, porque se está pidiendo que rápidamente se proteja el derecho de estas parejas".

"Nadie puede negar el derecho de gozar de los beneficios del progreso científico, como el de un tratamiento de fertilización", expresó Besmalinovich, quien remarcó que las prepagas y obras sociales no pueden "interponer el interés económico a derechos de las personas que ellos tienen que proteger".

La fundamentación de los reclamos de las parejas que no logran concebir un hijo de modo natural se basa en derechos humanos como la vida, la salud reproductiva, la integridad, la calidad de vida, la familia y la autodeterminación, entre otros, agregó. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la infertilidad como una enfermedad.