Treinta mil rosarinos dijeron presente en el acto de ayer por el Día de la Memoria, que en una curiosa coincidencia numérica reclamaron justicia y verdad por otros treinta mil, los que ya no están, víctimas del terrorismo de Estado desatado por la dictadura que se instauró en el país hace 34 años.

En una de las mayores concentraciones que se recuerde en la ciudad contra el golpe del 24 de marzo de 1976, organismos de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles marcharon desde la plaza San Martín hasta el Monumento. El recorrido incluyó una parada frente a los Tribunales Federales de bulevar Oroño, donde se está a punto de culminar el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Rosario.

Con la consigna unificadora de "Cárcel común, perpetua y efectiva" para los represores, y encabezada por las Madres de la Plaza 25 de Mayo, la movilización se dirigió al Monumento, donde se leyó un documento elaborado por Madres, Familiares de ex detenidos desaparecidos, APDH, Medh e Hijos.

Plantearon que "el 24 de marzo de 1976 sintetiza la puesta en marcha de la maquinaria asesina más poderosa de la que tengamos memoria desde el genocidio de los pueblos originarios" y que "tenemos que recordar a nuestros desaparecidos como parte de una generación heroica que estuvo dispuesta a dar su vida por una sociedad más justa y solidaria".

También apuntaron que la dictadura "utilizó el aparato del Estado para imponer una política en beneficio de los grandes grupos económicos" y que "se dedicó a aniquilar todo vestigio de resistencia a sus planes.

El hilo conductor llevó al presente: "Tenemos que poner como principal eje de la agenda social la distribución de la riqueza y desterrar los intentos de quienes pretenden esconder las consecuencias de la desigualdad con políticas de mano dura", enfatizaron.

Los organismos reclamaron a los jueces que tienen a su cargo la causa Guerrieri-Amelong que en su sentencia "no esquiven las contundentes pruebas producidas durante el juicio y estén a la altura de la valentía de los testigos y querellantes que volvieron a revivir el dolor de sus secuestros y torturas para que la sociedad sepa lo que hicieron los asesinos y haya justicia de una buena vez".

También criticaron que este juicio y el de la causa Feced que se avecina no son "verdaderamente públicos" ya que "las (reducidas) dimensiones de la sala escogida por el tribunal no contempló el derecho y posibilidad de presenciar a los organismos, familiares, prensa y ciudadanía".

"Si en 2009 conquistamos los juicios, en 2010 debemos garantizar las condenas", convocaron. Tampoco quedaron afuera los reclamos de verdad y justicia para los muertos en la provincia durante los incidentes de diciembre de 2001, para Julio López, Sandra Cabrera, Darío Kosteki, Maximiliano Santillán y Carlos Fuentealba.

El ex presidente interino Eduardo Duhalde también se ganó el repudio con su pedido de una suerte de neopunto final (ver página 10).

De la concentración participaron dirigentes como los diputados kirchneristas Agustín Rossi y Gustavo Marconatto; la diputada provincial de SI y querellante Alicia Gutiérrez; los concejales Héctor Cavallero (PPS) y Norma López (FPV); el diputado Raúl Lamberto (PS) y el intendente Miguel Lifschitz, entre otros.