El robo a un supermercado chino de la zona de Empalme Graneros ocurrido hace pocas semanas volvió a poner en agenda de las autoridades judiciales y policiales las reiteradas maniobras extorsivas de las que son víctimas los comerciantes de esa nacionalidad radicados en Rosario. A un ciudadano argentino acusado de dar ese golpe le secuestraron dos notas escritas en chino donde exige cierta cantidad de dinero a cambio de no quitarle la vida al dueño del local y a su familia. El papel tiene patrones similares a los utilizados en otros hechos ocurridos en Rosario donde se registraron desde amenazas de muerte hasta balaceras intimidatorias a las fachadas de los negocios.
La Fiscalía con Imputados No Individualizados de Rosario (conocida como Fiscalía NN), a cargo Verónica Caini y Marcelo Vienna, acumula unos 25 expedientes donde aparecen como víctimas ciudadanos chinos afincados en Rosario (casi todos supermercadistas) que denunciaron sufrir desde robos y escruches hasta intimidaciones, amenazas de muerte, chantajes, balaceras e incendios. El origen de esas extorsiones no está claro, aunque en algunos casos hay patrones comunes al modus operandi de lo que se denomina la “mafia china”, un espectro difuso, invisible, cuyas primeras menciones en Rosario datan de julio de 2005 con el crimen de Gao Sheng Feng. El cuerpo del joven de 28 años fue hallado maniatado en Gutiérrez y las vías del Acceso Sur. Tenían dos balazos de calibre 22 en la cabeza, pero también le cortaron una oreja y le provocaron lesiones con un estilete (ver aparte).
Señales comunes. De la conmoción de ese momento y el recrudecimiento de hechos entre 2010 y 2011 en Mar del Plata, Bahía Blanca y Capital Federal, a lo ocurrido en el supermercado Asia de Empalme Graneros hace pocas semanas (ver página 39) hay una distancia enorme, pero algunas señales no dejan de preocupar a los investigadores.
Como lo ocurrido en junio pasado con otra comerciante de zona norte de Rosario que fue víctima de extorsiones a través de mensajes donde le exigían 50 mil dólares, y hasta le arrojaron una bomba tipo molotov frente a su negocio que no alcanzó a explotar. Por ese episodio están imputados y con prisión preventiva Juan José R. y el policía Omar Abel C. (custodio del mercado), quienes según una hipótesis de la Fiscalía trabajarían como el brazo armado y ejecutor de la supuesta mafia china. Es que al ser apresados, a uno de ellos le secuestraron dos notas escritas en chino como las utilizadas en varios hechos de extorsión a supermercadistas.
Sobre el estado actual de las causas con rasgos similares, la fiscal Caini indicó La Capital que está en marcha una profunda investigación que aglutina 25 denuncias, las que son discriminadas en dos grupos de acuerdo a la gravedad de los hechos.
“Estamos haciendo una gran investigación. Por un lado trabajamos en robos comunes o entraderas que podría sufrir cualquier ciudadano y no tienen otra connotación. Y un segundo grupo done hay cuestiones más graves, como incendios, balaceras, extorsiones a través de mensajes, algunos con rasgos comunes como pegar carteles en las persianas de los locales con amenazas de muerte a los comerciantes a cambio de sumas de dinero, casi siempre dólares”, describió Caini.
Al respecto, la funcionaria explicó que esas notas tienen patrones similares en algunos de los casos que pesquisa y busca hilvanar con el aporte de una brigada que encabeza la comisario Jorgelina Leopard.
Notas firmadas. El último grupo referido es el que más preocupa a las autoridades judiciales locales. “Las notas siempre quedan pegadas a la fachada o los portones de los supermercados. «Pagá 50 mil dólares o te matamos», dicen los escritos con caracteres en idioma chino mandarín y un teléfono de contacto. “Algunos tiene patrones comunes como la moneda exigida, que siempre es el dolar, son pegados en las puertas de los locales y se reitera la firma de «El jefe», en referencia a un tercero inaccesible que exige y extorsiona a cambio de no matar”, agregó.
No obstante, una de las notas que se acopia en los expedientes judiciales presentó una particularidad que llama la atención. “Dejaron un número de cuenta del banco ICBC (de capitales chinos) para que el pago se hiciera en esa entidad y en yenes, la moneda China”, contó la fiscal.
Otro rasgó común que detectaron los investigadores es que la mayoría de las víctimas pertenece originalmente al estado de Fungian, situado en las costas del mar de China, frente a la isla de Taiwán.
Caini indicó que los hechos disminuyeron desde que la Embajada china decidió convocar a policías expertos de ese país para que colaboren en Argentina con los casos más graves. “Son dos agentes de la policía china que están en Buenos Aires desde hace un tiempo y trabajan en estrecha colaboración con nosotros, e infunden mucho respeto entre sus conciudadanos”, indicó en referencia a tareas de traducción de mensajes y de las testimonios de las víctimas.
El temor. “Por su idiosincracia y conformación cultural, muchas víctimas de estos delitos manifiestan un gran temor. Por eso se trabaja con estricta reserva de sus identidades y de la localización de los negocios afectados”, justificó la fiscal sobre detalles de la pesquisa que se mantienen bajo reserva.
Respecto al caso del supermercado Asia, si bien es monitoreado y forma parte de la pesquisa general, aclaró que a pesar de que se secuestró esa hoja tamaño A4 con un mensaje escrito en chino supuestamente utilizado en extorsiones, no tendría vinculación con la denominada mafia china, pero no se descarta otros más graves.
“Aparece la palabra «dueño», al referirse al titular del comercio destinatario del chantaje; hay un pedido de dinero en pesos (los otros son en dólares) y tendría que ver más con un pedido de protección ante supuestos hechos de robo”, explicó la titular de la fiscalía NN.
“Con todas la garantías y las reservas del caso pretendemos que los ciudadanos chinos denuncien en esta Fiscalía los hechos, porque con esos datos permitirían avanzar en la investigación”, explicó la fiscal sobre las dificultades con las que tropieza, en referencia al silencio de los comerciantes chinos que en algunos casos deciden encerrarse en sus costumbres y no ir a la Justicia por temor a represalias.
