Edición Impresa

Una apuesta contra la impunidad

Reflexiones. La consolidación de las formas de impunidad es múltiple y variable en el tiempo y en el espacio. En este sentido una gran parte de la "historia" de nuestro país puede ser "leída" y "relatada" a partir de las situaciones de impunidad que recorren, en una suerte de columna vertebral, el pasado, el presente y tal vez el futuro de nuestra nación. Esto último dependerá de nuestro compromiso y ejercicio de las responsabilidades democráticas.

Martes 13 de Enero de 2009

La consolidación de las formas de impunidad es múltiple y variable en el tiempo y en el espacio. En este sentido una gran parte de la "historia" de nuestro país puede ser "leída" y "relatada" a partir de las situaciones de impunidad que recorren, en una suerte de columna vertebral, el pasado, el presente y tal vez el futuro de nuestra nación. Esto último dependerá de nuestro compromiso y ejercicio de las responsabilidades democráticas.

En la configuración de las lógicas de impunidad intervienen múltiples factores que se traducen en acciones y omisiones de diversos sujetos sociales y políticos, a partir de los cuales se deriva un plexo de competencias y responsabilidades diferenciadas. Es por eso que las formas de impunidad nunca pueden ser interpretadas en forma unívoca ni ser atribuidas a sujetos u actores únicos. No comprender ello implica desconocer, en general, la conformación de los procesos sociopolíticos, y, en términos específicos, el funcionamiento de las lógicas de impunidad. También entraña un desconocimiento de los principios del Estado de Derecho: el respeto pleno de los derechos humanos; la real separación de poderes, con sus correspondientes competencias y responsabilidades; la sujeción del poder a la voluntad general y colectiva expresada en las leyes; y el control judicial de las actuaciones de la administración.

La impunidad abraza y recorre múltiples fenómenos, desde eventos ignotos hasta situaciones que impactan, conmueven y movilizan a la opinión pública. Que un evento impune quede atrapado en alguno de los dos extremos (in/visibilidad) depende de varios factores, de los cuales sólo a título ilustrativo podemos mencionar: la capacidad y recursos disponibles de las víctimas y denunciantes para otorgarle a su reclamo la suficiente fuerza; la existencia de factores que movilicen o inhiban los reclamos; las capacidades y recursos de los responsables y potenciales victimarios para obstaculizar las investigaciones; las lógicas y acciones de negación y/o encubrimiento desplegadas por actores sociopolíticos afines con los responsables y victimarios; los recursos, responsabilidades y compromisos de los actores competentes para investigar y juzgar los eventos que llegan a su conocimiento. De esta simple enumeración se desprende qué difícil resulta desarrollar estrategias y acciones que impacten eficazmente sobre las lógicas de impunidad.

Teniendo presente este estado de situación, desde diciembre de 2007 el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos, ha diseñado e implementado acciones que permitan ir generando grietas en los muros de la impunidad.

Esta gestión ha dado muestras cabales de su respeto por las instituciones del Estado de Derecho y de la división de poderes para ir de esta forma poniendo límites a una nefasta práctica de intromisión de poderes. Esta afirmación no es caprichosa y ejemplos elocuentes son la autolimitación en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema y el nuevo sistema de elección de magistrados, ampliamente superador del anterior.

En Santa Fe diversos eventos han quedado atrapados bajo el manto de las lógicas de impunidad, en nuestra historia reciente tal vez los más emblemáticos en cuanto a acciones estatales violatorias de los derechos humanos son el terrorismo de Estado y los hechos represivos de diciembre de 2001.

En lo que refiere a los efectos nocivos y detestables del terrorismo de Estado, este gobierno ha dado signos inequívocos de su obligación y compromiso con la promoción y protección de la Justicia, la verdad y la memoria a través de acciones políticas concretas. A saber, diseño y puesta en marcha del Programa de Acompañamiento y Protección de Testigos y Querellantes; conformación del equipo de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de Causas Judiciales por delitos de lesa humanidad; celebración del convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense; conformación de la Comisión Provincial de la Memoria y la Justicia; desarrollo de un plan de señalización de espacios de memoria; conformación de la comisión para la reincorporación de empleados públicos dejados cesantes por motivos políticos o gremiales durante la dictadura (el 11 de diciembre pasado el Poder Ejecutivo provincial hizo reingresar a 24 empleados públicos cesanteados).

Por otro lado, una forma de prevenir la vulneración de derechos humanos es proteger y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos desde la promoción, la prevención, la atención, la contención y el asesoramiento. En esa línea se ha creado en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos un área de monitoreo del sistema jurídico penal, en tanto se reformuló el Centro de Denuncias, Asistencia y Orientación Ciudadana sobre violación y afectación de los derechos humanos.

Con respecto a los hechos de diciembre de 2001, en el último año desde el Poder Ejecutivo se abrieron canales de diálogo con los familiares de las víctimas para consensuar estrategias de intervención y acompañamiento. Y, a partir de la investigación del juzgado de Instrucción N°4 de Santa Fe, a iniciativa del fiscal Niesnevich, se efectuó una búsqueda de materiales relacionados con esos hechos que estuvieran en poder de la Policía dentro del actual Ministerio de Seguridad. Toda esa documentación se envió al juzgado en un escrito firmado conjuntamente por los ministros de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos. Allí ambos ministros adelantaron al juez la conformidad de esta administración para que aquellos que se presenten prima facie como damnificados por los hechos que investiga, participen activamente en la búsqueda o señalamiento del material documental que pudiera estar en manos del Poder Ejecutivo y revista interés para la investigación judicial.

Por otro lado se relevaron los reclamos administrativos presentados y la suerte por ellos corrida, de lo cual se dio cuenta a la Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos de diciembre de 2001, incluso impulsando aquellos que se encontraran vigentes. Finalmente se ofreció asesoramiento profesional para peticionar como víctimas, ya que el retrógrado sistema de enjuiciamiento santafesino actualmente no admite su participación como acusadores (querella) a diferencia de lo que sucede en el orden federal. A propósito, y este dato no es menor, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, cuya implementación esta gestión está propugnando, el acceso a la tutela judicial efectiva de las víctimas se verá cabalmente garantizado: todas las víctimas de delitos podrán ser querellantes en causas penales.

Estas son muestras claras de nuestro compromiso con el sistema republicano y democrático, el estado de derecho y la lucha contra las lógicas de impunidad y olvido.

(*) Secretaria de Derechos

Humanos de la provincia.

(**) Subsecretario de Asuntos

Penales de la provincia.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario

LAS MAS LEÍDAS