El 17 de septiembre de 1861 se libró una de las batallas señeras en la historia argentina. La batalla de Pavón , cuyo desenlace -incierto en un principio- implicó la anexión y protagonismo de la provincia de Buenos Aires respecto de la Confederación Argentina, situación que continua hasta nuestros días. El triunfador: Bartolomé Mitre: el derrotado: Justo José de Urquiza. Más de dos años después de la batalla, en noviembre de 1863, don Luciano Lemaire, colono de la zona, demanda al Estado nacional una indemnización por daño, por cuanto las tropas de Urquiza arruinan su sembradío. La causa es el expediente Nº 0001 del Juzgado Federal Nº1 de Rosario, que un 15 de octubre de 1863 comenzaba su actividad con el doctor José María Zuviría como titular. La carátula original de ese expediente luce hoy en el despacho del juez federal Nº 1. Hoy se cumplen ciento cincuenta años de actuación de la Justicia federal en Rosario.
Siendo un joven estudiante de derecho fui empleado (entré con la misma jerarquía escalafonaria de un cadete del Correo) en la Justicia federal y tengo, junto al hoy martillero Félix Claverie el particular privilegio de haber sido los dos primeros delegados sindicales en la historia de los Tribunales Federales de Rosario, allá por 1985. Tengo muchas anécdotas de esa época, algunas imperdibles y otras incontables. Pero tengo además sensaciones y sentimientos encontrados de esa época y de algunos personajes que conocí de la Justicia federal. Creo que en este siglo y medio la bisagra en la historia de la Justicia federal rosarina la puso una misma circunstancia histórica en dos etapas: la dictadura de 1976, desde que comenzó y hasta que termino; y después, cuando se produjo la revisión judicial -también en dos etapas-, de 1985 hasta 1987 y de 2003 hasta la fecha.
Cuando acaece el golpe un juez federal de 1ª instancia, designado por el gobierno constitucional depuesto, fue rápidamente a cuadrarse y ponerse a disposición del general Díaz Bessone; y después ascendió a camarista. Algunos camaristas designados de acuerdo a la Constitución se fueron a su casa no sin soportar amenazas y humillaciones, otros pactaron una connivente y conveniente continuidad. Aparecieron jóvenes serviles promovidos y apoyados por instituciones históricamente poderosas y autoritarias, las mismas que apoyaron el asalto al poder de 1976 y lo que vino después. Hoy algunos son seniles esbirros que en un torpe intento de borrar ese pasado ominoso cambiaron su firma y hasta su apellido.
El tramo de 1985 (después de la condena a Videla y compañía) a 1987 (punto final y obediencia debida) trajo lo que ya conocemos: el intento de impunidad y olvido que alcanzó a los magistrados rosarinos de Oroño 940 con dos honrosas excepciones que no puedo ni quiero soslayar: el doctor Juan Alvarez (echado por el Proceso en 1976, que volvió a ser camarista federal en 1984) y la doctora Esther Andrea Hernández. El primero ya no está entre nosotros; la segunda si, y conserva el temperamento fuerte y la tenacidad que como abogado le conocí. El voto de cada uno de ellos contra la ley de obediencia debida, declarándola inconstitucional, debería enseñarse en las escuelas. Vayan estas líneas como breve pero sincero homenaje para estos dos ex magistrados por su valentiía, por su desobediencia.
Este último tramo, siguiendo mi particular cronología, que comienza en el 2003 cuando el Parlamento argentino intenta borrar ese baldón que significaron las leyes de impunidad y las declara insanablemente nulas, criterio refrendado por la Justicia; termina de dividir las aguas en nuestra Justicia federal; y como nada es casual y los olmos no dan peras, pudo y puede verse de todo. Algunos buscaron la manera de no intervenir, algunos la forma de intervenir y atemperar el aluvión incriminatorio contra los delincuentes de lesa humanidad, otros de diluir la responsabilidad de lo que significa fallar en Justicia (entre muchos el miedo es poco); y algunos otros -los que ningún compromiso tuvieron en esos años oscuros- se dedicaron a hacer justicia. Estos últimos son los que honran la Justicia federal y los que colaboran con su labor para sanear el hecho de haber sido entonces el estamento civil que más eficientemente colaboró con la última dictadura. Se trata de los que no vacilaron en poner la firma para condenar y encarcelar a los criminales de la época más nefasta de la historia argentina.
Litigo en este fuero tan particular hace 27 años, conocí y conozco muchas circunstancias relativas a él, algunas bochornosas, otras cómicas y otras que enaltecen a sus protagonistas, sería ingrato e injusto reseñar parcialmente algunas y omitir otras. Los hombres y mujeres que encarnan la Justicia federal rosarina tienen las mismas miserias y grandezas que cualquier ser humano. El problema radica, cuando se trata de jueces, en la desproporción entre unas y otras.
Para terminar debo reconocer que nunca supe cómo terminó el litigio de don Luciano contra el Estado nacional por los daños de la caballería de Urquiza. Me imagino al hombre con el mismo asunto hoy, ciento cincuenta años después, sentado en mi estudio consultándome con tono campechano qué hacer ante el daño producido, y me imagino a mí mismo recomendando "meter" la demanda, pero advirtiéndole que la sentencia puede ser pato o gallareta.
(*) Abogado
