Un revés como resorte del cambio

Asesor ex ministro Roberto Rosúa (1995-1999) Profesor Criminología y Sociología del Derecho Universidades Greenwich, Middlesex y Westminster (2000-2008)

Este último anuncio del gobierno provincial respecto a proponer la reforma de la policía nos llama, en primer lugar, a reflexionar acerca de la historia reciente de nuestra provincia y lo ocurrido al respecto en otras. Así, las dos experiencias más recientes de reforma policial (con cierta relevancia polìtica) son las intentadas por el primer gobierno de Jorge Obeid (1995-1999) y la llevada a cabo por el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde a través de la actuación de su ministro León Arslanián (1997-1998).

La primera (cronológicamente) fue encarada desde el inicio de la gestión de Obeid, encabezada por su ministro de Gobierno, Roberto Rosúa. Dicha reforma se dividió en aquellos cambios que pudieran ser llevados a cabo inmediatamente y por vía de resoluciones ministeriales, en primer lugar, de aquellos de mediano plazo que exigían una reforma legal que tuviera que ser debatida por la Legislatura provincial.

En ese orden es que primero se abordó la reforma educativa por medio del cambio de los planes de estudio (con particular peso tanto en los campos de las ciencias sociales y aquellas específicas técnicas), nuevas exigencias para el reclutamiento (escuela secundaria completa), formulación de una política de seguridad comunitaria (conformación de Juntas de Seguridad Comunitarias y Rurales), etcétera.

Por otro lado, se elaboraron proyectos de ley que abordaban (de manera similar a lo esbozado por el actual gobierno provincial) las reformas de las leyes Orgánicas de la Policía; del Servicio Penitenciario; reformas a las respectivas leyes de Personal Policial; y finalmente otro proyecto de ley de Regulación de las Empresas de Seguridad Privadas.

Aquí y allí. En Buenos Aires, las reformas encaradas por Arslanián poseían características muy similares a la santafesina, a saber: unificación de la pirámide de personal (eliminación de la división entre oficiales y suboficiales); jerarquización profesional de los cargos (ascensos por vía de concursos de oposición y antecedentes; necesidad de contar con títulos profesionales para los cargos más encumbrados; necesidad de cumplimentar con diversos cursos de capacitación para el ascenso); acercamiento a la comunidad otorgando capacidad decisoria y de implementación de políticas a la población; desmilitarización de las fuerzas policiales; reformas de los planes de estudios, etcétera.

El palo en la rueda. Pasemos ahora revista a los orígenes y destinos de ambas experiencias. En el caso santafesino, el esfuerzo de los equipos del ministro Rosúa se estrelló contra dos factores concatenados que llevarían a la experiencia a languidecer hasta el final del mandato. Primero, la debilidad de origen que la Ley de Lemas le impuso a la gestión de Obeid, obligando a éste mandatario a una constante negociación con una Legislatura que, si bien era mayoritariamente peronista, ubicaba la hegemonía en el sector de la derecha partidaria hegemonizada por el sector reutemista, refractario a todo cambio.

A ello se debe sumar, como otro factor, la constante indecisión, por parte de Obeid, de negociar con legisladores extraños al peronismo pero simpatizantes de la reforma. En todo caso, la enmienda propuesta por Rosúa fue planteada y elaborada desde antes de la asunción del 10 de diciembre de 1995. Es decir, formaba parte de una política de Estado prioritaria dentro del gobierno de Obeid.

El caso bonaerense, en cambio, es fruto de la descomposición de "la maldita policía" con posterioridad al asesinato de José Luis Cabezas en 1997, es decir, no es resultado de una convicción precedente y originaria, sino del estallido en la cara de Duhalde de la autarquía y corrupción policial.

Un nuevo plan B. Es aquí donde hallamos una similitud con la propuesta balbuceada por la gestión Bonfatti. En efecto, la reforma policial no fue una política activa propuesta durante la gestión Binner y tampoco lo es en la gestión Bonfatti. Tuvo que ser el "caso Tognoli" el que abriera la oportunidad de reforma. Es decir: un plan B ante el fracaso contundente de la política de seguridad. En este sentido, no se debe ignorar lo que ya es un clamor popular: en todo este tiempo de gestión socialista la policía se gobernó a sí misma.

Para terminar, y a modo de ilustración acerca de la importancia de una impronta fuertemente política en la conducción de la policía, recordamos un estudio conjunto de la UNL y UNR, publicado durante el primer año de la segunda gestión de gobernador Carlos Alberto Reuteman. El mismo indicaba que durante la guardia del ministro Rosúa los índices de muertes ocasionadas por personal policial habían descendido dramáticamente, para luego volver de manera rápida a sus niveles históricos durante el primer año de la gestión Reutemann. Todo un dato sobre la capacidad reguladora del mando civil.

(*) Asesor ex ministro Roberto Rosúa (1995-1999)

Profesor Criminología y Sociología del Derecho Universidades Greenwich, Middlesex y Westminster (2000-2008)