Cerca de un millón de empleadas domésticas no tienen licencia por maternidad ni subsidio por hijo. Trabajan sin un límite máximo de horas diarias y en caso de despido perciben la mitad de la indemnización que cualquier otro empleado de la Argentina.
  La normativa que regula la actividad es anacrónica: es el decreto 356 del año 1956, emanado la Revolución Libertadora.
  Esta realidad cambiará drásticamente si el Congreso aprueba el proyecto de ley de contrato de trabajo para el personal de casas particulares enviado por el gobierno nacional. Las modificaciones propuestas intentan equiparar al sector con el resto de los trabajadores. Contemplan, entre otras cosas, una jornada laboral máxima de ocho horas, ART, un período mínimo de vacaciones de dos semanas, licencias por estudio y maternidad y, en caso de despido, el pago de un salario por cada año de trabajo.
  La iniciativa está en Diputados y es analizada por los asesores de la comisión de Legislación Laboral.
  La santafesina Alicia Ciciliani (PS), vicepresidenta de la comisión, aseguró que hay una firme voluntad política de todos los bloques para que el proyecto avance. “Estamos de acuerdo con el espíritu”, admite, aunque reconoce que se están consensuando ciertos aspectos. “No se puede depositar una carga excesiva sobre un empleador que tiene, por ejemplo, a una persona un día por semana”, detalló Ciciliani al precisar una de las cuestiones a las que se le está sacando punta. Otro aspecto central es establecer quien pagará la licencia por maternidad. El proyecto no lo aclara pero la idea general es que se haga cargo el Estado.
  Los diputados no quieren dejar cabos sueltos; por eso se ha conformado una subcomisión, integrada por unos 20 asesores, que una vez por semana se enfoca en este tema.
  Carlos Brassesco, apoderado de la Unión Personal Auxiliares de Casas Particulares, califica la iniciativa como “una justa reivindicación”. Aunque también es cauto: “Las leyes no son aplicables por su obligación normativa, sino también por la toma de conciencia de parte de la sociedad. Hay que lograr un acostumbramiento de la gente que desde hace muchos años se maneja con otro régimen”.

El 20 por ciento. La cautela tiene anclaje en la realidad: “En un universo de 1.100.000 empleados en casas particulares, apenas el 20 por ciento está en blanco”, advierte Brassesco.
  La eventual aprobación del proyecto implicará un aumento de costos para los dadores de empleo por la obligación de contratar una ART. “Será un incremento de unos 25 pesos mensuales”, asegura.
  Los empleadores podrán disponer de un período de prueba de 30 días; en caso de cese del vínculo, no deberán pagar indemnización. Una vez aprobada la ley, habrá un período de 180 días para que la gente pueda regularizar al personal. Para quienes ya están en blanco, no habrá que hacer ningún trámite. l