Cañada de Gómez.— El propietario de una explotación agropecuaria ubicada al noroeste de esta ciudad, Santos Mosca, volvió a reclamar por el pago de la expropiación de siete hectáreas y por otros resarcimientos que están enmarcados bajo la figura de la servidumbre.

El pedido se debe a que hace cuatro años cedió su único patrimonio para la construcción de una presa retardadora tendiente a evitar inundaciones del radio urbano.

Desde entonces, Mosca, de 70 años, se viene entrevistando con diversos funcionarios de la Municipalidad local, del gobierno de la provincia de Santa Fe, y de la Nación, y lo único que recibe de parte de ellos son "promesas de pago que lo ilusionan".

Burocracia y promesas."La burocracia estatal me tiene a las vueltas. Nadie considera que destrozaron mi único capital para el sostén económico de mi familia. Quise hacer el bien por mi ciudad y me arruinaron la vida", dijo Mosca junto a su esposa Yolanda Elvira Fanesi.

El 4 de junio de 2005, Mosca firmó en la Intendencia ante funcionarios locales, provinciales y nacionales, un permiso para la construcción de un embalse retardador de crecidas del arroyo Cañada de Gómez. Le hablaron de la urgencia de los trabajos y de que sería recompensado económicamente.

Obra parada.Los trabajos en su propiedad de 76 hectáreas se iniciaron unos meses después. El movimiento del suelo para construir un inconcluso terraplén (de por ahora cuatro metros de alto) provocó que se tuvieran que erradicar corrales para la cría de cerdos, alambrados divisorios y cancelar otras actividades rurales.

El único aliciente de Mosca era ver terminado el trabajo, tener la certeza de que su aporte iba a evitar inundaciones en la ciudad que habita. Pero ni siquiera tuvo esa alegría. Pocos años después la obra quedó paralizada por falta de presupuesto nacional.

Esa es la causa por la cual la Municipalidad gestiona ante la Nación la concreción de la obra complementaria (falta el 50 por ciento), e incluso elevó una propuesta para hacerse cargo del manejo del presupuesto para llevar adelante las licitaciones y las convocatorias de las empresas interesadas en finalizarla.

Fue la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Eleprint-Norgav la encargada de llevar adelante las tareas de canalización y presa, hoy paralizadas. El presupuesto para la finalización de los trabajos rondaba hace más de un año atrás en los 10 millones de pesos. Estiman que esa cifra debería ser actualizada.

Anegamientos. La construcción de la presa provocó que la vivienda de la familia padeciera de serios anegamientos como consecuencia del cambio de escurrimientos de las aguas. El resto del campo, además, al estar cercado por los terraplenes quedó a merced de posibles inundaciones.

"El Estado se adueñó impunemente de mi propiedad. Puede pagar o no pagar cuando se le antoje, o cuando el aparato burocrático lo decida. En lugar de ser protector de los derechos, el nuestro los avasalla. Soy un pequeño productor. Mi único capital está afectado por la represa", se quejó.

Mosca dijo además que el suyo "es un grito desesperado de alguien que es un ciudadano y que ve en cada funcionario público a un burócrata que nada le interesa su suerte. Espero que alguien pueda hacer algo".

El productor insistió: "Los funcionarios me dicen que falta poco, que estamos próximos a una solución. Con mis 70 años ya tengo mi lógico deterioro de salud. Debería estar disfrutando luego de tantos años de trabajo y no sufrir por esto".