El Centro de Asistencia Judicial (CAJ) es un organismo esencial en el sistema de enjuiciamiento de delitos que va incorporando la provincia. Allí se ofrece asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de ilícitos graves y también un sistema de mediación para concluir de manera pacífica los distintos conflictos que surgen en la comunidad. Este nuevo instituto tropieza con una fuerte disparidad en su capacidad de prestar servicio: mientras en Rosario diversas instituciones derivan hacia allí personas que necesitan asesoramiento, en Santa Fe, donde se estableció con anterioridad, eso ocurre marcadamente menos.
  En el CAJ interpretan ese desnivel como un acto de desinformación o de resistencia para obstaculizar su funcionamiento. Desde el 1º de enero y hasta el 9 de abril pasado la oficina de Asistencia a la Víctima del CAJ en Rosario intervino en 67 casos concretos. En Santa Fe fueron apenas 17 en el mismo lapso y en un territorio con menos población pero donde la conflictividad penal es mayor.

El papel. Con el nuevo régimen de juicio quienes hayan sido víctimas de delitos —o sus familiares o referentes próximos— pueden aportar pruebas y poner a disposición de los fiscales la información de que dispongan a fin de ayudar en el trámite judicial. Para cumplir ese nuevo rol está el CAJ con sus dos oficinas: Asistencia a la Víctima y Mediación Penal. La prestación del CAJ apunta en especial a los sectores que no pueden asesorarse con abogados particulares. Ofrece para ello un servicio público y gratuito.
  En Santa Fe los operadores de las instituciones que tienen el primer contacto con las víctimas de delitos o sus allegados, advierten en el CAJ, son reticentes a derivarlos hacia allí. Esas instituciones son las fiscalías de la Justicia Penal, la Defensoría del Pueblo, la policía provincial y dependencias municipales (como institutos de Salud, de Promoción Social y área de la Mujer). Eso no pasa en Rosario.
  Desde el CAJ interpretan que los sectores que se oponen a la Reforma Procesal Penal son más activos en la capital provincial y es allí donde —por desinformación u otros motivos— más se obstaculiza el trabajo del CAJ. En el CAJ hubo decenas de reuniones con las distintas instituciones preexistentes para imponerlos sobre los nuevos roles. Según dicen allí los mismos organismos actúan distinto: en Rosario colaboran, en Santa Fe resisten.
  “Nuestro objetivo es superar la desinformación. Bregamos porque se puedan usar los nuevos organismos de la reforma. Para las víctimas de delitos que están en condiciones de ser asesoradas aquí poder utilizar este servicio es un gran avance”, dijo Carla Cerliani, directora del CAJ.
Los episodios más graves en los que interviene el CAJ son los delitos de homicidios dolosos consumados o en tentativa, abusos sexuales agravados y trata de personas. Y el sector al que está destinado su aporte es el más vulnerable: los que no pueden contratar un abogado particular
  Que la mayor resistencia se haga notoria en Santa Fe es significativo por dos motivos centrales. En un caso, porque en el departamento La Capital las tasas de delitos son proporcionalmente más altas que en Rosario: de hecho allí está la principal entidad que agrupa a víctimas de delitos. Y además porque está el centro del Poder Judicial de la provincia.

Mirador. El CAJ funciona como un observatorio privilegiado sobre cómo trabajan las distintas áreas del sistema: en especial las fiscalías y la policía. Eso lo acaba de demostrar un caso concreto en Rosario: el homicidio de Sebastián Galimany en La Tablada, en enero de 2009. El CAJ demostró que pese a la existencia de testigos que dieron detalles notorios sobre el presunto autor durante 14 meses ninguna medida fue ordenada en Tribunales ni adoptada por la policía para dar con el sospechoso. Cuando el CAJ puso de relieve eso se produjo la detención del implicado desde el primer momento. Era un hijo de Roberto Pimpi Camino.
  “Aquí se transparenta cómo es la intervención ante los casos. Y eso implica muchas veces advertir cómo no se trabaja todo lo bien que se debería”, dijo Cerliani. Por ejemplo: cómo los fiscales a menudo no se contactan con las víctimas ni estudian las causas o se colocan bajo dependencia de la acción de los jueces. O cómo las dependencias policiales

La ley. El Código Procesal Penal en vigencia establece que el Poder Judicial, los fiscales y la policía deben derivar los casos de víctimas a la institución habilitada para querellar que resultó, tras la implementación de la reforma, ser el CAJ. La circular 15/10 de la Corte Suprema provincial de fecha 25 de febrero notifica a todos los órganos subordinados la necesidad de apelar a métodos alternativos de resolver conflictos y establece que el CAJ está habilitado para realizar mediaciones.
  Desde el Ministerio de Justicia de Santa Fe, en cuya esfera de acción funciona el CAJ; plantean que el procurador Agustín Bassó, jefe de los fiscales, no contribuye con sus directivas para que los fiscales actúen en colaboración con el CAJ o aporten información a las víctimas para construir estrategias de persecución penal con el nuevo instituto. El ministro de Justicia, Héctor Superti, que tiene un manifiesto antagonismo con Bassó, plantea que aquí se expresa una de las resistencias desde el Poder Judicial al entrante sistema de juicio de delitos.