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Un nuevo modelo de política criminal

Reflexiones. Uno de los mayores desafíos que afronta esta etapa de nuestra democracia es el desarrollo de métodos eficaces para controlar la criminalidad. Ya hemos tomado nota de que la política criminal y de seguridad que necesitan estos tiempos no se lleva adelante con simplismo ni con magia.

Lunes 20 de Abril de 2009

Uno de los mayores desafíos que afronta esta etapa de nuestra democracia es el desarrollo de métodos eficaces para controlar la criminalidad. Ya hemos tomado nota de que la política criminal y de seguridad que necesitan estos tiempos no se lleva adelante con simplismo ni con magia. Esas políticas son, a lo menos, tan complejas como la política económica, porque contienen tanto elementos objetivos (el desarrollo del fenómeno criminal) como subjetivos (el miedo, la incertidumbre y la confianza en la acción del Estado).

Sin duda la Justicia penal no es la única responsable de estas tareas pero tampoco es cierto que no tenga ninguna responsabilidad. El modo como organizamos la persecución penal, es decir, el modo como organizamos el castigo de los hechos delictivos cumple una función importante en el control de la criminalidad. Sólo hasta hace muy poco tiempo –tanto en nuestro país como en América latina– se ha tomado conciencia de que no es posible llevar delante la persecución penal de un modo eficiente y con buenos resultados si seguimos apegados a un modelo de trabajo que, por lo menos, tiene varios siglos de atraso. Los modos ritualistas y morosos propios de la Justicia de instrucción son totalmente inadecuados para una democracia moderna, salvo que signifiquen, en los hechos, una total y completa autonomía de la policía, lo que también es inadmisible en un sistema republicano, sometido al Estado de Derecho.

Por primera vez desde su existencia como Estado, Santa Fe se prepara para reorganizar su sistema de persecución penal. No es necesaria mucha insistencia para destacar la enorme importancia de este paso. Ya aprobó un nuevo Código Procesal Penal –que fija las reglas de trabajo– y ahora tiene que aprobar las leyes que organizan a los fiscales, nuevos encargados de llevar adelante la persecución de los delitos. La aparición de un nuevo cuerpo –dado que la comparación con lo que actualmente hacen los fiscales muestra que son dos instituciones distintas por más que lleven el mismo nombre– no producirá por sí misma ningún cambio. La experiencia de toda América latina y otros países que en las dos últimas décadas han realizado cambios similares nos muestra que la urgente aprobación de esas leyes y la indispensable creación de esta institución deben estar acompañadas de principios y reglas de actuación claras en varias dimensiones.

En primer lugar el cambio no produce sus mejores resultados si la nueva institución pronto se burocratiza y comienza a trabajar del mismo modo que los jueces de instrucción. Cambiar el viejo expediente judicial por un nuevo expediente firmado por los fiscales –como sucede en gran medida en la Provincia de Buenos Aires– no es un gran negocio. Obviamente esto no es un problema de las leyes y en gran medida conspira el modo general como trabajan los abogados –una profesión que litiga al modo del siglo XIX en pleno siglo XXI–, pero la ley debe dar una indicación clara del rechazo a este tipo de burocratización.

Frente a una criminalidad que ha aprendido a organizarse, a utilizar métodos flexibles, a aprovechar al máximo la planificación, la comunicación y el desarrollo de nuevas tecnologías, no podemos darnos el lujo de ponerle organizaciones "bobas", que no aprenden, que no planifican, atrapadas en el trámite y la rutina, que trabajan unas pocas horas al día –pese a tener, muchas veces los mejores sueldos del Estado– que no conocen el fenómeno de la criminalidad y quedan atrapadas en el caso a caso o visiones pobres de los fenómenos, abstractas y conceptualistas. Santa Fe tiene una oportunidad única –que en la región

sólo ha tenido Chile y la aprovechó con gran resultado– de crear un ministerio público prácticamente nuevo, sobre bases modernas, con una organización dinámica y flexible y con una mentalidad responsable, alejada del puro tramitar y el cumplimento de reglas que formales que no conducen a ningún resultado. Una oportunidad que si no es aprovechada luego cuesta décadas corregir.

Otras dos dimensiones son imprescindibles a la hora de pensar en eficacia de la persecución penal. Una lo que hoy llamamos persecución penal estratégica y la otra es la política de diversificación. En la primera dimensión los fiscales deben actuar sobre la base de planes de política criminal inteligentes y concretos. Ya sabemos, por ejemplo, que buena parte de la criminalidad urbana se organiza alrededor de mercados ilegales (armas, robo de vehículos, narcomenudeo, trata de personas, juego ilegal, ganado, cosas robadas, etcétera) y nada se produce si los fiscales se entretienen en caso por caso sin una estrategia real y profunda que desarticule o afecte a esos mercados. Muchas veces los fiscales se han preocupado casi con exclusividad del segmento más débil de esos mercados que es permanentemente renovado por las condiciones de marginalidad y pobreza. Así nos dedicamos a jóvenes que mandamos a la cárcel, donde aprenden a ser hombres violentos, sin producir ningún cambio en las condiciones del sector del mercado criminal en el que participan ya que son fácilmente sustituibles por otros similares, con gran ganancia para los otros operadores más poderosos de esos mismos mercados. Tontería, ceguera y clasismo no son las mejores herramientas para controlar la criminalidad. Una visión estratégica en el ministerio público y en la nueva policía de investigaciones que es recomendable crear también con prontitud porque forman parte de un solo equipo es una condición ineludible para la producción de resultados tangibles que modifiquen "objetivamente" el control de criminalidad, a la vez que infundan confianza a una población que cada día entiende menos como pensamos enfrentar estos fenómenos.

En la otra dimensión, el ministerio público fiscal tiene que tener la capacidad de planificar la diversidad de respuestas para todos los casos que le llegan evitando el desgaste en aquello que puede tener una respuesta no punitiva o de baja punición. Nuestros sistemas están trabajando hoy justamente al revés: gastan todo su tiempo en lo menor y dejan librado a su propia suerte los más grandes problemas. Para ello fijar prioridades es fundamental (para fijar prioridades es que existen los principios de oportunidad y las salidas alternativas). Sin duda, enfrentar los mercados de criminalidad y los delitos violentos es la gran prioridad del momento. No es cierto que se puede hacer todo y si se planifican acciones de menor desgaste para enfrentar los otros problemas se gana tiempo, recursos y capacidad de acción para lo más grave y urgente. No creo que la sociedad no pueda entender este razonamiento; me parece que más bien para evitar enfrentar a la criminalidad "en serio" nuestros fiscales y policías prefieren tener la cortina de la sobrecarga de trabajo.

Es fácil ver la importancia de lo que se está discutiendo en estos momentos. Las leyes que reorganizan la persecución penal son una gran prioridad porque responden, tal como dijimos, a una de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad. Y son también un desafío para el pensamiento democrático y progresista ya que debemos construir un modelo con control de la criminalidad, de política criminal y de política de seguridad que no necesita renunciar a los valores democráticos ni al Estado de Derecho para ser eficiente y, menos aún, necesita continuar con la práctica perversa de enviar siempre a los más pobres a la cárcel para lograr efectos, aun en los delitos comunes (donde muchos otros, que no tienen nada que ver con la pobreza, lucran con ella sin ser nunca tocados por el sistema penal). Nuestra democracia necesita con urgencia un nuevo modelo de política criminal para no quedar atrapada entre la sociedad violenta –que destruye la comunidad– o la democracia autoritaria, que es una mera fachada de los viejos y nuevos fascismos.

(*) Director del Centro de Políticas Públicas para

el Socialismo

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