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Un nuevo escándalo de coimas millonarias golpea a Dilma y Lula

Erenice Guerra, ex jefa de gabinete y asesora de la presidenta, evitaba que empresas privadas pagaran grandes sumas al fisco.

Lunes 06 de Abril de 2015

Un nuevo escándalo de corrupción sacude a Brasil y superaría con creces las multimillonarias pérdidas que generaron al Estado los desvíos en Petrobras. El caso involucra a una ex jefa de gabinete de Lula y asesora de la actual presidenta Dilma Rousseff, la abogada Erenice Guerra. Se habla de un fraude fiscal por 6.000 millones de dólares, según datos de la revista Veja provistos por fuentes de la policía federal. Las empresas involucradas incluyen a grandes firmas locales, pero el caso mejor documentado involucra a la multinacional china Huawei. Guerra firmó un contrato secreto con esta empresa habría tramitado ilegamente perdones fiscales por deudas multimillonarias, tanto para Huawei como otras compañías.

Erenice Guerra fue jefa del Gabinete Civil de la Presidencia durante el gobierno de Lula, al sustituir en ese cargo a la actual mandataria cuando ésta lo dejó para dedicarse a la campaña que la llevó a conquistar su primer mandato en 2010. De ratificarse la vinculación de Guerra con este nuevo caso de corrupción —que implica pérdidas estimadas en 6.000 millones de dólares al fisco—, sería el cuarto "primer ministro" o jefe de gabinete de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en verse directamente implicado en los tres mayores escándalos de corrupción que vive el Brasil desde la restitución democrática en 1985.

El "negocio". Los nexos de Guerra con este último escándalo fueron reportados por la revista semanal Veja en su edición de este fin de semana. Según documentos judiciales que cita, Guerra integró una red que operó durante años en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF) del Ministerio de Hacienda. La acción ilícita consistía en sobornar a los miembros del CARF para que redujeran o anularan multas multimillonarias por evasión fiscal impuestas a grandes contribuyentes. Guerra tenía asimismo un contrato, que firmó con la filial brasileña del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, en el cual Guerra se comprometió a prestar "servicios profesionales relativos a la defensa de la contratante en el ámbito de la Administración Tributaria Federal". En otras palabras, Guerra, una connotada figura del PT, atendía los reclamos ante el fisco de una multinacional. Para cumplir el acuerdo, Guerra se había asociado secretamente con el abogado José Ricardo da Silva, quien fue miembro del CARF hasta febrero de 2014, y es señalado como uno de los líderes de la red ilegal.

La deuda con el fisco del grupo chino Huawei que Guerra habría logrado eludir asciende a 705,5 millones de reales (227,6 millones de dólares). Según lo acordado, la abogada recibía el 1,5 por ciento del valor que la empresa dejara de pagar al Estado.

Esta no es la primera vez que Guerra se ve involucrada en un caso de corrupción. De hecho, apenas cinco meses después de asumir el Gabinete Civil de la Presidencia de Lula, tuvo que dejar el cargo bajo acusación de interferir en favor de negocios de su hijo y su marido.

El nuevo escándalo involucra, además de Huawei, a importantes empresas nacionales y extranjeras, entre otras la estatal Petrobras, muy golpeada por su propio escándalo de coimas; la poderosa constructora Carmago y Correa; la distribuidora de energía Light; los bancos Bradesco, Santander, Safra, Pactual y Bank Boston; las automotrices Ford y Mitsubishi; el grupo de comunicación RBS y el grupo BR Foods, un gigante del ramo alimenticio, entre otras. Todas las empresas sospechosas niegan conocer el tenor de las denuncias y cualquier vinculación con ellas.

El diario Estado de Sao Paulo reveló por su parte que el poderoso grupo Gerdau, del empresario Jorge Gerdau, habría pagado una coima de 50 millones de reales para cancelar una deuda tributaria de 4.000 millones. O sea, pagaba un real por cada 80 adeudados al fisco.

Los otros casos. El escándalo en el fisco se suma al caso Petrobras, en el que la petrolera estatal, constructoras y políticos son investigados por la sobrevaloración de contratos, con un perjuicio para la petrolera de unos 4.000 millones de dólares, y al de la Caixa Económica Federal, el segundo banco público del país, donde se habrían desviado unos 100 millones de reales (unos 31,5 millones de dólares). En todos los casos aparecen vinculados en forma directa y activa dirigentes políticos del PT y de sus partidos aliados en el Congreso.

Antecedentes. Desde que el PT asumió el poder en Brasil, en enero de 2003, seis políticos ocuparon el importante puesto de jefe de gabinete. Además de Rousseff y Guerra, lo hicieron el histórico dirigente del PT José Dirceu, el ex ministro de Hacienda de Lula Antonio Palocci, la también ex primera ministra de Rousseff Gleisi Hoffmann, y el actual jefe de gabinete, Aloízio Mercadante.Dirceu está preso, condenado a 10 años de prisión por haber coordinado una red de pago de sobornos a legisladores durante el primer gobierno de Lula, conocido como escándalo del "Mensalao".Palocci tuvo que abandonar el cargo de ministro de Hacienda en medio de denuncias de corrupción, y más tarde el de jefe del Gabinete Civil, acusado de enriquecimiento ilícito. Por último, Hoffman, quien sustituyó a Palocci, integra, al igual que él, la lista de sospechosos de participar en los desvíos de fondos de la estatal Petrobras. En el caso de Palocci, además, se investiga si como coordinador de la campaña electoral de Rousseff usó recursos desviados de la petrolera para nutrir las finanzas. Todos los citados son militantes y dirigentes del PT de Lula.

El estrecho vínculo laboral entre Guerra y Rousseff comenzó cuando ésta última comandaba el ministerio de Minas y Energía, y designó a Guerra para dirigir la consultoría jurídica de esa cartera. Más tarde, cuando Rousseff fue designada por Lula como jefa del Gabinete Civil, se llevó consigo a su mano derecha, a quien colocó en el segundo cargo más importante de ese organismo, la secretaría ejecutiva.

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