La magistrada que investiga los desmanejos de fondos judiciales inmovilizados del Banco Municipal de Rosario dictó ayer el procesamiento de un martillero como jefe de la asociación ilícita y solicitó formalmente el desafuero de un juez Civil y Comercial acusado de avalar las maniobras desde su despacho. Su secretario también fue procesado por integrar el grupo, al que quedaron vinculados —además— dos abogados, habilitados a transitar un juicio abreviado. Un empleado bancario y otro letrado están a un paso de ser desligados del expediente por falta de mérito.
Un magistrado Civil y Comercial, su secretario, un martillero y dos abogados. Al menos para esta etapa de la investigación, la jueza de Instrucción Nº 12, Mónica Lamperti, entendió que estas personas son las integrantes de la asociación ilícita que perpetró las estafas reiteradas para absorber un millón 50 mil pesos —mediante procesos ejecutivos falsos— de fondos judiciales inmovilizados del Banco Municipal.
La entidad había notificado acerca de lo ocurrido a la Suprema Corte de Justicia en 2012 y puso en evidencia maniobras escandalosas dentro de los Tribunales provinciales.
Si bien no fue dado a conocer oficialmente, fuentes judiciales confirmaron ayer a La Capital que Lamperti estaba en plena tarea de notificación de su resolución, que acumula fundamentos en al menos 150 fojas.
El auto de procesamiento que dictó la magistrada tiene varios puntos. Según trascendió al cierre de la actividad judicial, directamente le endilga al martillero Oscar K. el delito de jefe de la organización, estafas reiteradas y defraudación y ordenó su prisión preventiva.
En cuanto al magistrado Civil y Comercial Nº 17, Alejandro Martín, acusado de tramitar los procesos ejecutivos falsos y avalar con su firma los oficios que luego cobraron los coimputados de las cuentas inmovilizadas, Lamperti tendría elementos suficientes para mandarlo a juicio por integrar la asociación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa y defraudación.
Pero, en el caso particular y al ser un funcionario judicial inmunizado por sus fueros, Lamperti pidió formalmente a la Corte que inicie el proceso de jury de enjuiciamiento contra Martín, que podría desembocar en la pérdida de esa inmunidad y afrontar el proceso como un ciudadano común.
En ese sentido, el procurador General de la provincia, Jorge Barraguirre, deberá realizar la acusación formal por los delitos penales que se le imputan a Martín, algo que ya cumplimentó respecto de la actuación administrativa del juez y que obligó a la suspenderlo en el cargo.
La situación del secretario del juez, Ricardo Lavaca, también es comprometida ya que fue acusado de integrar la asociación ilícita, según consta en el espinoso expediente.
Los que salieron mejor parados fueron los abogados Jorge H. y Luciano G.M. Si bien fueron procesados por las estafas, tras reconocer los hechos y dar detalles que sirvieron para la investigación, lograron que la jueza (con acuerdo del fiscal Carlos Covani) hiciera lugar a un pedido de juicio abreviado, con una pena en suspenso de tres años e inhabilitación de cinco para ejercer la profesión.
En el mismo escrito Lamperti rechazo el pedido de nulidad de las declaraciones de los abogados Jorge H. y Luciano G.M (impugnadas por la defensa del juez y del martillero) y rechazó la recusación de Covani.
En tanto, se dictó la falta de mérito (no acumularon pruebas para demostrar su participación) del empleado bancario que se desempeñaba en el área de oficios judiciales.
Tomás M.E. fue señalado como nexo del grupo y como el que aportaba datos de las cuentas para que se perpetra el desfalco. La misma suerte corrió el abogado Martín S., quien en principió aparecía vinculado al grupo pero fue rápidamente desvinculado por otros imputados.
Los defensores del agente bancario, José Alcácer y Víctor Suárez, se mostraron satisfechos con el alcance de la resolución.
"Demuestra que no tuvo participación en las maniobras. Apenas era un empleado de esa sección, sin vínculos con el supuesto jefe (por Oscar K.), evaluó Alcácer.
