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Un malentendido que tiene una historia

La indignación pública contra Sebastián Pira es en realidad la condena formal que no tendrá. Es comprensible por la poderosa carga simbólica del caso. Haber conducido desaprensivamente, haber quitado dos vidas, no haberse preocupado por ese destrozo y luego usado sus capacidades culturales y de clase para eludir el accionar judicial lo colocan en un lugar de sostenido reproche social.

Jueves 06 de Febrero de 2014

La indignación pública contra Sebastián Pira es en realidad la condena formal que no tendrá. Es comprensible por la poderosa carga simbólica del caso. Haber conducido desaprensivamente, haber quitado dos vidas, no haberse preocupado por ese destrozo y luego usado sus capacidades culturales y de clase para eludir el accionar judicial lo colocan en un lugar de sostenido reproche social.

Sin embargo, de modo singular y paradójico, en este caso es dificil hablar de impunidad como resultado de un desdén estatal. La Justicia desde el primer momento persiguió a Pira, calificó con severidad su conducta, le impuso prisión que desató su rebeldía, remitió la captura internacional, tramitó su extradición cuando lo atraparon en Holanda y en el dificultoso contexto de su ausencia no renunció a producir medidas nuevas para detectarlo.

Una ley se sanciona considerando problemáticas genéricas y no casos particulares. Esas reglas intentan contribuir a una vida comunitaria racional. Que las causas prescriban al cabo de un tiempo regulado es una necesidad racional. Es imposible mantener todas las causas por delitos abiertas sin límite de tiempo. Cierto que en el caso de Pira, que es el confeso autor de un delito, es difícil tolerar que la prescripción debe existir. Por eso hay que invertir el razonamiento. Pensar en la cantidad de causas con gente inocente y sin recursos, al revés de Pira, a la que no se le prueba nada. A esas personas no se las puede mantener indefinidamente bajo acusación. Esa es la base lógica de que las causas prescriban.

Lo que ocurre es que la palabra prescripción tiene en Santa Fe la selectiva e irritante carga simbólica que la misma Justicia Penal se encargó de darle. Y de eso se tiene que hacer cargo. Por cajonear sumarios o no moverlos causas emblemáticas terminaron en el archivo. En la provincia causa prescripta es sinónimo de expedientes contra funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito paralizados, de homicidios resonantes sin autor detectado, de casos como IBM-Banco de Santa Fe, la compra de juguetes de Vanrell o la defraudación a la Caja de Jubilaciones sin nadie a quien hacerle un reproche.

Para que la sociedad funcione con cierta armonía la prescripción es algo que tiene que existir. El problema es que suelen prescribir casos de interés público que se abandonan. El sistema penal en este caso quiso atrapar a Pira y no pudo hacerlo. Que ahora haya confusión equiparando prescripción a impunidad no es casual ni accidental. Tiene que ver con la bajísima tasa de esclarecimiento de la Justicia penal de Rosario y el cansancio social que tal desempeño acarrea. La Justicia penal sufre cuando hace bien las consecuencias de las cosas que desatiende, escamotea o hace mal. Ahora hay que lidiar con el malentendido.

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