Un juez valiente con una carrera sin banderías

“La Justicia tiene un nombre: Castro”. La pancarta que agitaba ayer un manifestante junto al juzgado de Palma de Mallorca en el que declaraba la infanta Cristina muestra cómo el juez José Castro se ha convertido en referente en una España en la que las instituciones son objeto de descrédito.

   “Podemos con los jueces valientes”, aseguraba otra pancarta mientras el magistrado interrogaba dentro del edificio a la hija menor del rey Juan Carlos de España, a la que imputó el 7 de enero ante la sospecha de fraude fiscal y blanqueo de dinero. Ya lo había intentado en abril del año pasado, acusándola entonces de haber sido cómplice de su marido, Iñaki Urdangarin, en su presunto actuar ilícito mediante el cual se habría apropiado de 6 millones de euros de dinero público junto a su entonces socio en el Instituto Nóos, una organización teóricamente sin fines de lucro que conducían juntos. Tras la desimputación del año pasado, muchos dudaban de que la hija del rey pudiera llegar a ser llamada por la Justicia para ser interrogada. Pero Castro lo hizo. Y los dos, el juez y la infanta, fueron ayer coprotagonistas del capítulo que se escribía en la historia de España. “Un juez implacable al que no le tiembla el pulso”, definía la prensa estos días al magistrado.

   “Castro, amigo, el pueblo está contigo”, coreaban los manifestantes en Palma de Mallorca. “No se arruga ni desfallece ante esos casos complejos”, decía ya hace un tiempo un compañero del magistrado. Es un “juez justiciero”, señalaba un fiscal. “Busca la verdad a fondo y hace respetar la ley con severidad”. Ayer “sentó” a la infanta Cristina frente a él, y enfrente también del retrato del rey Juan Carlos que preside la sala de vistas F, en el segundo piso del edificio de Justicia en el que está su juzgado de instrucción número 3, ese en el que lleva años y del que se irá para jubilarse en breve. Ahora mismo tiene 68 años.

   José Castro, “Pepe” para los conocidos, es un juez campechano. Fue funcionario de prisiones, secretario judicial, juez de magistratura y es juez de instrucción desde hace 23 años. A lo largo de su carrera ha recorrido buena parte de la geografía española y ha rechazado ascensos y nombramientos. Su forma de vestir, alejada en ocasiones de corbatas y trajes, contrasta con la de otros jueces y fiscales de Palma de Mallorca. Sobre todo por sus camperas de cuero, reminiscencia quizá de sus tiempos de joven motociclista. En público es poco dado a las efusividades y le sonrojan los aplausos. Huye del protagonismo. Nunca ha concedido una entrevista. Entra y sale del juzgado sin hacer declaraciones. Y de vez en cuando pone gesto severo ante la presencia de la prensa.

   Está separado, tiene tres hijos y algún nieto. Y es aficionado al “kendo”, la esgrima japonesa. Su independencia la lleva a rajatabla. Ni siquiera es miembro de una de las asociaciones de la magistratura, por cuya pertenencia, al final, se clasifica a los jueces en “progresistas” o “conservadores”. El “caso Nóos” no es el primero en el que encara la corrupción. De hecho, tiene amplia experiencia en el tema. l fue el instructor que sentó en el banquillo al ex ministro de José María Aznar y ex jefe del gobierno regional de Baleares, Jaume Matas, por el caso “Palma Arena”, uno de los grandes escándalos de corrupción en la historia de España. De él se deriva la pieza en la que fue imputado Urdangarin y ahora la infanta Cristina.

   En sus interrogatorios, Castro es irónico. Y también muy claro. “Si hay que imputar a la infanta, se le imputa”, le espetó a la mujer del ex socio de Urdangarin cuando se quejó de su imputación e insinuó que el juez no se atrevería a hacer lo mismo con la hija del rey. Ayer la tuvo sentada delante de él, contestando a sus preguntas.