Un juez federal dictaminó ayer que seis artículos clave de la ley de protección de glaciares aprobada por el Congreso el mes pasado no puede ser aplicada en la provincia de San Juan, donde el gigante minero canadiense Barrick construye un millonario proyecto para la extracción de oro.
  Varios analistas habían advertido que la ley podría frenar la construcción de la gigante mina Pascua Lama de la mayor minera del mundo, Barrick Gold Corp, aunque la compañía indicó que la explotación no se encontraba en terrenos de áreas glaciares o cercanas a ellas.
  En su fallo, el juez federal Miguel Angel Gálvez dijo que la ley es inconstitucional y suspendió parcialmente su aplicación en San Juan, indicando que las provincias tienen el derecho a decidir cómo manejar sus recursos naturales, informó el Poder Judicial.
  El proyecto Pascua Lama tiene lugar en San Juan y es limítrofe con Chile.
  El juez suspendió el artículo que prohíbe las actividades que podrían afectar a los glaciares y también la parte de la ley que los define.
  El fallo del juez responde a un pedido hecho por la Cámara de Minería de la provincia de San Juan para que fuera analizada la constitucionalidad de la ley.
  Barrick, que también opera la mina Veladero en San Juan, no expresó sorpresa por el fallo del juez federal.
  “No nos sorprendimos con esta decisión dado que la provincia ya tiene legislación que protege los glaciares, que Barrick ya cumple en su totalidad”, dijo el portavoz de la empresa Rodrigo Jiménez.
  La ley, aprobada en septiembre y que también prohíbe la perforación de petróleo en los glaciares del país y en las áreas que los rodean, apunta a proteger las reservas de agua.
  El juez Gálvez concedió la medida cautelar contra la norma presentada por la CGT, los gremios mineros y de la construcción y la Cámara Minera de la provincia.
  Así lo informaron por separado ayer al mediodía el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé y el abogado de los gremios Asociación Obrera Minera (Aoma), Carlos Cámpora, luego de haber sido notificados por el magistrado.
  La entidades vinculadas con la actividad minera, hicieron la presentación de “acción de inconstitucionalidad y medida de no innovar” al considerar que “la norma avasalla las autonomías provinciales al querer fijar en qué zonas se puede trabajar y en cuales no”, según informó el abogado.
  Además de Aoma, también presentaron ayer pedidos de inconstitucionalidad la CGT y la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), mientras que ayer lo hizo la Cámara empresaria del sector en el mismo sentido.
  El escrito sobre el que dictaminó el juez Gálvez “tiene once puntos y plantea la inconstitucionalidad de la norma que más que de protección de glaciares, es anti minera y afecta el desarrollo de la provincia”.
  En su resolución, el juez federal de San Juan suspendió los artículos 2, 3, 5, 7 y 15 “que son los que prohibían la actividad industrial y especialmente la minería en la zona de alta montaña”, para poder dar protección a los glaciares y peri glaciares como fuentes de agua dulce. l (Reuters, DyN y Télam)