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Un juez imputa a la infanta Cristina por blanqueo de capitales y fraude

La hija del rey de España vive su hora más amarga. El magistrado considera que intervino a favor de su esposo Iñaki Urdangarin, acusado de presunta corrupción política.

Miércoles 08 de Enero de 2014

El juez español José Castro, de las islas Baleares, imputó ayer a la infanta Cristina de Borbón por los delitos de supuesto blanqueo de capitales y fraude fiscal en la gestión y manejo de fondos sospechosos generados por los negocios de su esposo Iñaki Urdangarin.

En un auto de 227 folios, el magistrado cita a la hija del Rey a declarar el próximo 8 de marzo a las 10 de la mañana en Palma de Mallorca, en el marco del sumario por supuesta corrupción del caso Urdangarin, también llamado caso Nóos.

El juez considera que Cristina "ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50 por ciento del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en la mercantil Aizóon procedentes de los lucrados por la Asociación Instituto Nóos de Investigación de las arcas públicas de las Comunidades Valenciana y Baleares".

En esta causa se investiga por malversación de caudales públicos al yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, y a su ex socio Diego Torres. Ambos están bajo sospecha judicial tras embolsarse 5,8 millones de euros a través de su Instituto Nóos —que se definía "sin fines de lucro"— en sus tratos con los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Baleares, ambos del PP. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que no vio elementos para implicar a la infanta, pedirá más de 12 años de cárcel para su esposo por los supuestos delitos cometidos, entre ellos dos delitos fiscales.

El juez Castro estuvo nueve meses centrado de manera casi exclusiva en reconstruir un retrato de la vida financiera y tributaria de Cristina de Borbón, ha rastreado sus cuentas, tarjetas, facturas y gastos, sus propiedades y declaraciones fiscales.

En la causa existe una biografía completa de la actividad económica privada de Cristina de Borbón entre 2002 y 2012. En el auto, el juez sostiene que existen indicios penales suficientes para contrastar directamente con la protagonista los hechos y su supuesta responsabilidad penal.

La citación de la también duquesa de Palma —que no tiene un foro especial ante los tribunales— la efectúa el juez con la oposición abierta de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, el abogado de Urdangarin y su propio defensor. El fiscal y los letrados exoneran a la hija del Rey y sostienen que ella no participaba en las actividades de la empresa de esposo e ignoraba todos los detalles financieros.

Es la primera vez que un miembro directo de la familia real se ve implicado en la investigación por corrupción que pesa desde 2011 sobre Urdangarin.

Cristina, de 48 años, es también copropietaria, junto a Urdangarin (de 45 años, excampeón olímpico de balonmano reconvertido en hombre de negocios), de la empresa Aizóon, sospechosa de haber servido de pantalla.

"El anticipar que Doña Cristina Federica de Borbón desconocía las actividades de su marido y la trascendencia penal de su actuar propio es tan precipitado como afirmar inexorablemente lo contrario", señaló el magistrado.

Con esta imputación, agregó que "lo único que se pretende es brindar a aquélla la posibilidad de que personalmente (...) facilite explicación sobre determinados indicios objetivos de criminalidad".

Tras la noticia, la Casa del Rey se limitó a expresar su "respeto de las decisiones judiciales".

El abogado de la Infanta, Miquel Roca, aseguró por su parte que Cristina recurrirá.

La imputación de la infanta llega en el peor momento para Juan Carlos, de 76 años, que el lunes apareció visiblemente cansado, apoyado en dos muletas y vacilante en su discurso con motivo de la Pascua Militar, primera aparición pública tras su última operación (la novena desde 2010) el pasado 21 de noviembre.

La infanta Cristina visitó Rosario el 28 de noviembre de 1992 para inaugurar el complejo urbanístico Parque de España.

El caso que instala la debacle

El caso Nóos, también conocido como Operación Babel, es una investigación de presunta corrupción política que se inició en 2010 como una derivación del caso Palma Arena (un velódromo que costó el doble de lo presupuestado) al ser encausados los dirigentes del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres. Los cargos por los que están imputados por la Fiscalía Anticorrupción son malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.

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