Un adolescente fue asesinado ayer en Venezuela durante una protesta antigubernamental en la ciudad occidental de San Cristóbal, epicentro hace un año de violentos disturbios, en un hecho que crispó los ánimos entre la oposición política que reclama por la crisis económica que atraviesa el país petrolero. El director de Seguridad Ciudadana del Estado Táchira, el militar Ramón Cabezas, dijo que Kluiver Roa, de 14 años y estudiante secundario, falleció tras un disparo de un policía para dispersar a quienes protestaban por la inflación, la escasez de bienes básicos y lo que consideran represión.
La ministra del Interior y Justicia, Carmen Meléndez, dijo más tarde que el funcionario policial que disparó al estudiante fue aprehendido. "Fue detenido un oficial de la Policía Nacional Bolivariana quien declaró haber efectuado un disparo al estudiante con una escopeta con municiones de goma", dijo Meléndez. "Se aplicará todo el peso de la ley a él y a los responsables. Aquí no hay cabida para la impunidad", agregó. Meléndez agregó que se trató de un hecho "individual" que "no representa el comportamiento de la nueva policía humanista" y llamó a los estudiantes a mantenerse "en paz y tranquilidad". Según testigos, el joven llegó al hospital sin signos vitales.
El Ministerio Público dijo que imputará a Javier Mora, un efectivo de la Policía Nacional de 33 años, por su "presunta vinculación" con la muerte de Roa. La fiscalía dijo que las informaciones previas indicaron que el muchacho fue herido durante la manifestación en los alrededores de la universidad local en la que estudiantes realizaban una protesta, mientras que grupos defensores de los derechos humanos dijeron que 17 personas fueron detenidas en las cercanías de la Universidad Católica del Táchira (Ucat), escenario de los incidentes próximo a la residencia del gobernador oficialista del Estado Táchira, José Vielma Mora.
Peritajes. El concejal opositor José Vicente García, presidente de la comisión de derechos humanos del Concejo Municipal de San Cristóbal, precisó que el adolescente murió cuando era trasladado a un centro de salud. Agregó que el peritaje policial reveló que el adolescente recibió en la cabeza un impacto de una munición de arma larga que tenía residuos de pólvora. "Eso quiere decir que efectivamente fue disparado por una escopeta", agregó.
En las últimas semanas, las manifestaciones contra el gobierno socialista de Nicolás Maduro han arreciado en la volátil San Cristóbal, cerca a la frontera con Colombia, epicentro de las protestas que tuvieron en vilo al país petrolero a inicios del año pasado con un saldo de 43 muertos. "No es posible que la policía reprenda de esa manera a los estudiantes, si saben que ellos no poseen armas de fuego, están desarmados, es muy preocupante lo que esta pasando aquí", dijo Rafael Valero, quien vive cerca del lugar del asesinato.
Luego que se dio a conocer la muerte del joven las protestas se intensificaron y se extendieron hacia las cercanías de la residencia del gobernador bolivariano.
En Caracas, diversos políticos de oposición pidieron la renuncia del gobernador del Estado Táchira, el oficialista José Vielma, y el cese de la represión. "Basta de matar a los jóvenes de nuestra patria", escribió el líder de la oposición Henrique Capriles en su cuenta de Twitter @hcapriles.
El asesinato del estudiante se produce poco después que el Ministerio de la Defensa venezolano autorizara el uso de armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad, cuando consideren que las manifestaciones se hayan tornado violentas. El mes pasado, las autoridades destituyeron al jefe de la policía en Táchira debido a que uno de los agentes había disparado un arma contra un estudiante en una protesta. El líder opositor Henrique Capriles repudió la muerte del estudiante y acusó al gobierno de generar la violencia.
Encercelamientos. En los últimos meses, el gobierno de Maduro ha estrechado el cerco sobre la oposición política, que asegura que un 42,8 por ciento de sus alcaldes tienen procesos judiciales en su contra. El alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, fue imputado la semana pasada por supuesta conspiración para generar violencia luego de que, junto con la ex diputada María Corina Machado y el dirigente preso Leopoldo López, firmó un "acuerdo para la transición", sindicado por Maduro como la clave que activaría un golpe de Estado en su contra. Diversas organizaciones no gubernamentales han exigido la liberación de los que consideran "presos políticos", pero Maduro afirma que son "políticos presos".
Al respecto, la defensa legal de Ledezma apeló ayer ante la Justicia su encarcelamiento y los cargos por los que fue imputado. A la vez, personalidades de la oposición se sumaron con sus firmas al manifiesto que proponía un gobierno de "transición".
Desafuero
La mayoritaria bancada oficialista en la Asamblea Nacional venezolana discutía anoche el proceso de desafuero del diputado opositor Julio Borges, acusado por el chavismo de planes conspirativos contra Maduro. Borges es segundo dirigente opositor sometido a proceso en menos de una semana, luego del arresto del alcalde de Caracas.