Un jaque al proxenetismo en el centro oeste de la provincia

Sastre.- Desde que el Estado tomó la decisión política de trabajar sobre la problemática de la trata de personas, en la región del centro-oeste provincial cambió notablemente la ocurrencia de delitos de esa índole en el marco de locales y bares en los que se mueve el mercado del sexo.

En la zona, considerada uno de los corredores calientes de oferta sexual, posan su pie organizaciones que reclutan, trafican y comercian con mujeres en circuitos de alcance nacional e internacional. Pero el trabajo orgánico que se impulsó a través de los entes gubernamentales a partir de la sanción de la ley 26.364 de "prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas" en abril de 2008, facultó y brindó herramientas a los estamentos encargados de administrar justicia y a sus auxiliares para prevenir, detectar y perseguir la trata de personas. La condena a diez años de prisión a una mujer que prostituía a una menor, ocurrida esta semana, es un claro ejemplo de esto.

El trabajo se evidencia en la región en la disminución de locales nocturnos relacionados con la actividad de oferta sexual que antaño proliferaban en cada pueblo del centro-oeste provincial y el este cordobés.

Juzgado penal. En el distrito judicial 11, una de las claves para atacar la actividad fue la creación del Juzgado Penal y Correccional en diciembre de 2006. De la mano de su magistrado, Eladio García, y el correlato de quien lo subroga actualmente, Tristán Martínez, las políticas de trabajo fueron claras y contundentes.

Tanto García como el entonces fiscal, Carlos Stegmayer, se preocuparon por la proliferación de bares nocturnos y casas de juego, principalmente en los departamentos San Martín y Castellanos. El juez advirtió a través de la prensa a los presidentes comunales e intendentes sobre la habilitación de esos negocios en sus localidades y sobre las irregularidades observadas en las inspecciones.

"¿No estarán incumpliendo sus deberes de funcionario?", se preguntó en esa oportunidad, y recomendó a sus asesores legales que "estudien" bajo qué encuadre normativo habilitaban los locales.

En los primeros tres años de funcionamiento del Juzgado penal de San Jorge, las casas de tolerancia se redujeron en la ciudad de 23 a 5, y se marcó la diferencia entre el trabajo sexual voluntario y la actividad de organizaciones que planifican y tutelan ese trabajo con mecanismos de esclavitud y fines de explotación.

Los casos. Cinco meses después de conformado el Juzgado de San Jorge se detectó el primer caso resonante de trata de personas. Mirta y María Inés Rocha, de 28 y 16 años, llegaron a San Jorge el 29 de marzo de 2007. Las acompañaba Adelina Rivero, de 51 años, que ofició de nexo para conseguirles un trabajo que les aseguraría un futuro promisorio. La noche anterior habían abordado un micro en Oberá, Misiones, portando sólo unas prendas en las mochilas y la esperanza de trabajar como mozas en un restaurante.

Al llegar, encontraron un pequeño salón que alguna vez formó parte de una antigua casona sobre la ruta provincial 13. Allí, la regente del burdel, apodada "La Pato", y su concubino alojaban a las tres mujeres en una pieza y las amenazaban para que permanecieran allí y ejercieran la prostitución imponiéndolas sobre las condiciones de trabajo .

Las mujeres habían sido víctimas de un engaño que las llevó a un callejón sin salida, en un lugar desconocido, sin dinero y amenazadas. María Inés se negó a trabajar y desencadenó una tensa discusión.

Ante un descuido de los propietarios del burdel, las tres mujeres escaparon y denunciaron su situación ante la policía, que allanó el lugar y descubrió que en otra habitación se alojaba una chica de 17 años oriunda de Paso de los Libres, Corrientes. Los captores fueron condenados por facilitar y promover la prostitución de menores.

En Sastre. En noviembre de 2009, un operativo de Gendarmería Nacional realizado en Las Rosas develó la triste historia de Estefanía R., una menor misionera de 17 años que fue reclutada vía internet con una falsa oferta laboral en un hotel de Córdoba. Después de arribar a esa ciudad, sus supuestos empleadores le quitaron el documento, sus pocas pertenencias y la trasladaron sucesivamente por distintas ciudades del este de la provincia mediterránea y luego por el oeste santafesino.

  Poco después de ser rescatada por Gendarmería en Las Rosas, declaró ante la Justicia y reveló que estuvo un mes recluida en un burdel de Sastre. “Allí atendía entre cinco y diez clientes por noche y muchos de ellos eran policías”, remarcó.

  Este caso también derivó en la condena de sus ocasionales captores, pero lo más trascendente fue que dejó al descubierto la connivencia del poder político y policial de las localidades por donde pasó la joven.

  Pocos días después, la agrupación Unidades Especiales de la UR XVIII allanó el bar La Pantera Rosa, en San Jorge y detectó la presencia de una chica de 16 años que cursaba un embarazo de seis meses; los propietarios fueron detenidos, la joven asistida y el local clausurado.

  En febrero de 2010, un nuevo procedimiento permitió determinar que en otro de los bares nocturnos de la misma ciudad, una mujer de 20 años ejercía la prostitución bajo amenazas y condiciones de esclavitud.

  En diciembre de ese año la policía inspeccionó el bar “Milenio” y también confirmó el sometimiento para trabajos sexuales de una menor de 16 años.

  En octubre se descubrió una situación similar en el bar “Unicornio” de El Trébol que fue recientemente ventilado en un juicio oral realizado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y que culminó con la responsable del local condenada a 10 años de prisión por trata de personas, por someter a una menor. Le había otorgado documentación apócrifa para sortear los controles policiales.

 

Protocolos de actuación

El jefe de la Unidad Regional XVIII, Néstor Zapata, aseguró que actualmente continúan las directivas para prevenir y combatir a las organizaciones de trata y explotación sexual.

"Esos lineamientos demarcan la actividad y generaron la creación de protocolos de actuación ante este tipo de delitos provistos por el Ministerio de Seguridad".

"Son delitos complejos cometidos por organizaciones que se preparan para concretarlos y por lo tanto resulta dificultoso detectar estos casos. El trabajo es intenso y depende generalmente del empeño puesto en la tarea y la sagacidad de los investigadores. Después ponemos especial atención en la víctima, que en todos los casos se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad", explicó el jefe policial.