Capitanich, Kiciloff y Bossio, siguiendo las directivas de la presidenta, se están equivocando feo en torno al impuesto a las Ganancias, manteniendo una situación irritable que perjudica sensiblemente a trabajadores y jubilados. Técnicamente, la situación es injusta. El argumento del jefe de Gabinete de que el gobierno no puede privarse de esta recaudación claudica al analizar este monto frente al casi billón y medio de pesos que suma el presupuesto nacional enviado al Congreso y donde es factible realizar ajustes en rubros menos prioritarios. Asimismo, en el ítem de los ingresos presupuestarios, ¿por qué no tenemos en cuenta la mayor recaudación que origina la fuerte inflación (que también pagan por otro lado por el IVA y otros gravámenes como consumidores)? Y, además, ¿por qué están exentos de tributar los capitalistas del juego, del sector financiero, minería, etc.? Sólo con estos ajustes alcanza y sobra para cubrir el eventual desfasaje, de existir buena voluntad para ello, por encima de rencores dirigenciales que terminan perjudicando a muchos inocentes ajenos a este tira y afloje. El error de esta sinrazón se expresa por muchas razones: 1) El mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias desde el año 2000 que no contempla la inflación. Esta inflación ha terminado comiéndose buena parte de los ingresos de la gente. Hoy el desfasaje entre el impuesto a las Ganancias con el mínimo no imponible congelado se come el equivalente a un salario y medio de empleados y jubilados al año. Este costo social supera ampliamente al 13 por ciento que nos sacaron los ex ministros Cavallo y López Murphy. Y que se terminaron devolviendo, dada su injusticia. 2) Es injusto sacarle a los jubilados. La Constitución establece el 82 por ciento móvil; en cambio, hasta ahora, la famosa movilidad jubilatoria no nos da ni la mitad. Los coeficientes de actualización cada seis meses son insuficientes y tramposos frente a la cruda inflación.

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