El fiscal que investiga la brutal ejecución de Santiago Pérez, asesinado de seis balazos a bordo de un auto importado el pasado 15 de septiembre, le requirió a la jueza de la causa que traslade las actuaciones del caso a la Justicia Federal, dado que la evidencia acopiada hasta el momento sugiere en el entorno de la víctima acciones de lavado de activos procedentes del narcotráfico.

El modo en que mataron a Pérez, de 35 años, había insinuado la hipótesis de una venganza narco: le pegaron seis tiros con una pistola calibre 9 milímetros cuando manejaba su Peugeot Cabriolet 308 negro modelo 2010 por Larrea y San Juan. El modo en que había obtenido los fondos para comprar ese vehículo interesó al fiscal Enrique Paz que mediante averiguaciones en la Afip estableció que el malogrado conductor no figuraba como contribuyente ni con clave de identificación laboral. Es decir: no tenía actividad legal registrada.

El origen de la plata. Pérez había comprado el vehículo valuado en 160 mil pesos el 1º de junio en la concesionaria Aupesa de San Martín y Virasoro. La agencia fue allanada y en el operativo se secuestró la documentación del vehículo. Así se supo que Pérez pagó en efectivo el vehículo con un crédito que le otorgó una mutual de Funes. Esta entidad no contestó el requerimiento del fiscal, según fuentes judiciales, respecto a con qué avales del solicitante entregó ese préstamo.

La intención es saber si la compra de ese auto resultó de un acto lícito o si fue un enjuague de dinero de obtención ilegal. Pero con las respuestas que dio la Afip a un oficio sobre la condición tributaria de Pérez, más el hallazgo dentro de su vehículo de un instrumento que se utiliza para compactar marihuana el fiscal le pidió a la jueza María Luisa Pérez Vara que transfiera las actuaciones a la Justicia federal a fin de que se investigue el blanqueo presunto de dinero procedente del comercio de estupefacientes.

¿Supone esto abrir una investigación hacia alguien que está muerto? No estrictamente. Sí implica indagar sobre el contexto de la víctima para conocer su entorno donde, se presume, están los que ordenaron y cometieron su asesinato. Las operaciones de lavado de dinero, si se esclarecen, podrían hacer saltar a los que están detrás de ellas, y precisar sus eventuales vínculos con el crimen.

Los del barrio. Al mismo tiempo el fiscal pidió que se ubique a las personas que llamaron al 911 a instantes de la ejecución de Pérez a fin de requerirles declaración testimonial. Como los investigadores detectaron que hubo contactos telefónicos entre el hombre fallecido antes del crimen hay una pesquisa en una aparato Nextel que pertenecía a la víctima a fin de determinar quiénes son los que hablaron con él poco antes de su homicidio.

Los investigadores policiales y judiciales manejan datos de que Pérez tenía relaciones con un individuo sospechado de estar incurso en delitos de narcotráfico que está actualmente detenido en Buenos Aires por una causa de robo agravado de vehículos de alta gama.