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Un fiscal insiste con procesar a un comisario por su enriquecimiento

Por segunda vez un juez dice que no corresponde porque están vencidos los plazos. El acusador reitera que por la prueba el oficial debe ir a juicio.

Martes 28 de Enero de 2014

Por segunda vez un juez de Instrucción de Rosario se opuso a continuar con una causa abierta hace seis años que investiga por enriquecimiento ilícito a un oficial superior de la Unidad Regional II. Y también por segunda vez un fiscal rechazó tal cosa diciendo que corresponde procesar al policía por ese delito. La situación deberá ser dirimida nuevamente por un tribunal superior que decida si el trámite debe seguir su curso o terminar en el archivo.

El comisario mayor retirado Hugo Giuliano fue sobreseído la última semana del año pasado por el juez de Instrucción Nº 11 Hernán Postma. El magistrado argumentó que el tiempo transcurrido desde el inicio del expediente es mayor a la pena máxima que podría caberle al oficial por ese delito y que por lo tanto, por una cuestión procesal, corresponde desvincularlo. Sin embargo el fiscal Esteban Franichevich considera que, en virtud de las pruebas acopiadas que aún no fueron analizadas, hay elementos para llevar el caso a juicio y apeló el sobreseimiento.

En el año 2011 la jueza Patricia Bilotta había dado falta de mérito a Giuliano por el vencimiento de los plazos procesales. El fiscal Franichevich rechazó el cierre de la causa y la Cámara Penal dictaminó que el caso no podía terminar. Entonces la causa recayó en el juzgado de Instrucción Nº11, a cargo de Postma. En este marco, Franichevich propuso nuevas medidas y el juez avaló ese requerimiento. Pero terminó sobreseyendo al oficial retirado con el argumento de que los plazos estaban largamente vencidos.

El criterio del fiscal fue que el juez no hizo una relectura de las evidencias ya obtenidas ni tampoco consideración alguna sobre la prueba nueva. Por lo tanto rechazó la idea de cerrar la causa y señaló que corresponde el procesamiento por enriquecimiento ilícito. La discusión está trabada porque chocan dos lógicas: la del fiscal que dice que hay mérito para llevar al comisario a juicio y la de los jueces que afirman que, aún cuando lo hubiera, los plazos para acusar están vencidos.

El pasado. La historia del trámite comenzó en 2004 cuando el gremio policial no reconocido Apropol denunció el patrimonio supuestamente irregular del alto oficial, que fue jefe de la Agrupación Unidades Especiales de Rosario, presentando constancias del movimiento de fondos de tres cuentas en bancos privados del comisario y detalle de varios bienes que se le atribuían.

Se abrió así un sumario en la Dirección de Asuntos Internos. La investigación, que demandó dos años, descubrió y agregó otros bienes que ingresaron a la causa judicial abierta en 2008: varias propiedades entre viviendas y locales comerciales, títulos públicos, dos automóviles, una lancha e incluso constancias de viajes reiterados realizados al exterior tanto por él como por familiares directos. Algunos bienes eran propios y otros de familiares cosanguíneos inmediatos.

Asuntos Internos le atribuyó a Giuliano haber forjado un patrimonio personal incongruente con las posibilidades del salario que percibió durante su trayectoria e ingresos por otras actividades lícitas. El ex funcionario fue sobreseído por Bilotta pero en diciembre del 2011 la Sala IV de la Cámara Penal revocó el sobreseimiento. El tribunal se pronunció tras una apelación del fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, que primero consideró acertada la decisión de la magistrada, pero luego la apeló.

En la resolución, los jueces de la Cámara sostuvieron que se le atribuía a Giuliano "haber producido sobre su patrimonio un enriquecimiento apreciable e injustificado que no se corresponde con la situación económica que tenía en el momento de iniciar su carrera policial en 1975 y hasta dos años después de su retiro". Tal enriquecimiento, dijeron, tampoco "está de acuerdo con sus posibilidades económicas posteriores en cuanto al sueldo como empleado policial y con otros ingresos de origen lícito".

Además, los jueces señalaron que el enriquecimiento ilícito de funcionarios está considerado como un "grave atentado al sistema democrático" en la Constitución nacional.

 

Defensa. El abogado de Giuliano sostuvo que se había vulnerado el derecho de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable y recordó que Camporini había desistido del recurso de apelación tras la decisión de Bilotta de disponer la falta de mérito del oficial retirado.

Lo polémico es que el trámite estuvo mucho tiempo en un mismo tribunal —el juzgado de Instrucción Nº10— con indicios que comprometían la situación procesal de Giuliano pero sin que se lo llamara a indagatoria lo que aceleró la prescripción. En la resolución de la falta de mérito, Bilotta —a cargo de ese tribunal los últimos cinco meses del trámite— hizo valoraciones sobre la pericia oficial que la hicieron concluir que era difícil corroborar el delito atribuido al ex policía. Pero Elida Pujato, perito contadora de la Corte Suprema, afirmó haber llegado a conclusiones semejantes a las alcanzadas por la Oficina de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos, que proponían que el oficial investigado tiene un conjunto de bienes mucho mayor al que pudo demostrar con ingresos lícitos.

Sin respaldo. El trabajo de Pujato coincide con el anterior en dos aspectos: hay variaciones patrimoniales que el imputado no puede justificar con ingresos que tienen su correspondiente documental de respaldo y existen ingresos sin documental de respaldo que no se computaron como ingresos. Además, Giuliano fue imputado de falsear u ocultar datos en su declaración jurada de ingresos, lo que sugiere, según la acusación que abrió la causa, una acción maliciosa, ya que hacer lo debido desnudaría la supuesta incongruencia entre posesiones y entradas lícitas.

A fin del año pasado Postma dio por terminada la pretensión de imponerle pena al comisario mayor. Pero el fiscal Franichevich insiste en que el caso no debe cerrar.

Argumentos de la acusación

El fiscal Franichevich dice al apelar que el testimonio del comisario Mario Franco, ex jefe de Asuntos Internos, "confirma que el imputado no documenta de ninguna manera los ingresos que dice haber tenido por la explotación del taxi (que estaba a nombre de su padre), que los ingresos del taxi corresponden al padre quien con la madre no tienen otros, que la capacidad de ahorro del imputado es nula teniendo en cuenta sus ingresos ordinarios y sus gastos (...) y que está probado que escrituró un inmueble a nombre de la ex cónyuge siendo él mismo quien gestionó y aportó el dinero de la compraventa".

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