El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al empresario Lázaro Báez en una causa por lavado de dinero, así como a su hijo Martín y al esposo de la actriz Iliana Calabró, Fabián Rossi. Así lo hizo al ampliar la acusación mediante un dictamen en el que expresó fuertes críticas a los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por "obviar el contenido propio de las numerosas denuncias acumuladas".
En el expediente estaban imputados los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar, a raíz de una investigación realizada por el programa Periodismo para Todos, que conduce Jorge Lanata. En esta ampliación, Marijuan sumó a la lista de imputados a Báez, a su hijo y al contador Daniel Pérez Gadín, quien según la denuncia sería un hombre vinculado al empresario y se habría hecho cargo de la financiera SGI, mediante la cual giraban dinero a paraísos fiscales en el exterior.
El fiscal pidió en la ampliación de su requerimiento unas 25 medidas de prueba y el secreto de sumario. En el dictamen agregó: "A poco de reasumir mi licencia, no puedo iniciar esta presentación sin manifestar mi enorme sorpresa y desagrado por el contenido" de un primer requerimiento firmado por Gonella y su subrogante, el fiscal Ramiro González, quienes habían omitido imputar a Báez y Rossi.
Marijuan criticó a Gonella y a su antecesor por hacer "un requerimiento limitado" a reportes de operaciones sospechosas —ROS— e incluso dijo que la función de ellos fue más la de "un defensor particular u oficial pero para nada de un fiscal que representa los intereses de la sociedad".
"¿Qué es lo que ha aportado la Procelac en pos de esclarecer y dar rapidez a la investigación? Nada es mi respuesta obviamente", enfatizó Marijuan en el dictamen al que accedió Noticias Argentinas. Si bien Fariña se desdijo de sus dichos, que fueron grabados con cámara oculta por el programa televisivo, el fiscal tomó en cuenta lo que dijo inicialmente, respecto de que manejaba "dinero negro" de Báez.
"Habría sido Fariña, conforme el relato de los denunciantes, el ideólogo de un plan para enviar dinero al exterior a través de la financiera SGI Argentina de Federico Elaskar, a cuyos fines se habrían creado más de cincuenta sociedades off shore para realizar las transacciones espurias", explicó Marijuan. La semana pasada, a poco de reasumir la fiscalía tras una licencia, Marijuan imputó a la procuradora, que además es su superior, Alejandra Gils Carbó por presuntos nombramientos irregulares de fiscales ad hoc y subrogantes, a partir de una denuncia que hizo el senador radical Mario Cimadevilla.
Si bien periodísticamente se involucró a la procuradora general con la decisión inicial de desvincular a Báez, el propio fiscal subrogante González lo salió a negar. Todas las presentaciones del fiscal Marijuan serán evaluadas por el juez federal Sebastián Casanello quien está a cargo de la investigación. En las últimas semanas, Casanello dispuso varios allanamientos en la financiera involucrada que está en el edificio Madero Center de Puerto Madero y en propiedades de Elaskar y Fariña.
Tras conocerse la acción del fiscal, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, evitó realizar declaraciones sobre la imputación a Báez, por considerar que "eventualmente tendría que opinar" sobre la causa por lavado de dinero como jefa de los fiscales.
"No puedo opinar sobre un acto en el que eventualmente tenga que opinar como procuradora", respondió Gils Carbó _muy cuestionada por la oposición_ al ser consultada sobre la decisión adoptada por el fiscal Marijuan.
Mientras, el jefe de bloque de senadores radicales, José Cano, presentó una denuncia penal contra el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, por "incumplimiento de deberes de funcionario público" a raíz del caso de lavado de dinero que involucra a Báez.
Cano denunció a Sbatella, a su antecesora, Rosa Falduto, y a todos aquellos funcionarios de esa entidad que tuvieron participación directa en el trámite del Reporte de Omisión Sospechosa (ROS), "por incumplimiento de deberes de funcionario público bajo la figura de encubrimiento de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, en su modalidad agravada en carácter de autores".