Un fallo sobre el uso de internet

Debates. La Corte Suprema de Justicia finalmente se expidió sobre la demanda de una modelo contra Google y Yahoo. Detrás del proceso judicial hay una discusión sobre la libertad de expresión y la protección de las personas en la red.
21 de noviembre 2014 · 01:00hs

1. Un poco de historia. Después de años de litigios, fallos encontrados y opiniones disímiles, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en el primer litigio que llegó a su conocimiento -uno de los tantos que se iniciaron- por la responsabilidad civil que pudieran generar los buscadores de internet por su actividad específica.

La historia de este caso es más o menos la misma que se repite en todos los precedentes donde se han visto involucrados personajes del mundo del espectáculo o el modelaje: demanda de daños y perjuicios interpuesta por una reconocida modelo contra Google Inc. y Yahoo de Argentina SRL por uso indebido de imagen personal y por violación de derechos personalísimos (honor e intimidad) como consecuencia de que, al incluirse su nombre (o imagen) en los campos de búsqueda correspondientes, se la vinculaba directamente a sitios de dudosa reputación, de contenido sexual, de acompañantes o de tráfico de sexo.

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Las soluciones que los jueces habían dado a los diversos problemas se inclinaban de manera pendular por la responsabilidad objetiva (sin culpa) o subjetiva (con culpa) de los buscadores según el razonamiento del magistrado seguido en cada caso. Con similar ambivalencia, se resolvió privilegiando el rol de internet y el protagonismo de Google y Yahoo para garantizar el derecho a la información o, por el contrario, se hizo hincapié en la necesidad de preservar la imagen y el honor del accionante "castigando" al buscador por los contenidos difamatorios o injuriantes publicados por terceros.

2. La doctrina de la CSJ. En su pronunciamiento, la Corte se expide sobre varias cuestiones que estimamos resultan de vital importancia para lograr una solución armónica:

a) Internet y la libertad de expresión. Reafirmando posturas anteriores el máximo tribunal destaca, una vez más, el protagonismo de internet como difusor de la cultura y la información fomentando la libertad de expresión en su faz tanto individual como colectiva. Con relación a la primera, se resalta su carácter abierto y democrático señalando que la red permite hoy a cualquier individuo concretizar el derecho personal a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar —o no- sus ideas, opiniones, creencias, críticas, etcétera. En su faz colectiva, la Corte sostiene que se constituye en un instrumento para garantizar la libertad de información y la formación de la opinión pública.

En este punto corresponde hacer una salvedad. No caben dudas que cuando un usuario utiliza un determinado motor de búsqueda para encontrar información hace uso de su libertad de expresión. Ahora bien, las respuestas de Google o Yahoo están basadas en un criterio empresarial que privilegia los resultados de sus patrocinadores que han pagado por la publicidad. Sin embargo, en este aspecto, el fallo no hace mención alguna a esta nueva forma de expresión "sponsoreada" que poco tiene de libre.

b) Responsabilidad objetiva vs. responsabilidad subjetiva. El segundo, y sustancial aspecto de este fallo, avanza en una respuesta acerca del dilema sobre si la responsabilidad civil de los buscadores por los contenidos que exhiben debía subsumirse en la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) o en la responsabilidad objetiva (aplicación de la teoria del riesgo creado o de la actividad riesgosa).

En este punto el máximo tribunal ha sido muy claro: no corresponde aplicar a los buscadores de internet los criterios de responsabilidad objetiva, sino que corresponde hacerlo a la luz de la responsabilidad subjetiva. En otras palabras usted como usuario/afectado/damnificado por una información que levantan o indexan los buscadores no puede requerir la indemnización por ese solo hecho, sino que debe demostrar que ha existido negligencia del buscador en el manejo de la información, o que usted solicitó la baja de la información y el buscador hizo caso omiso a su pedido.

La CSJN mediante este fallo recuerda que en materia de interpretación de las leyes, debe preferirse la que mejor concuerde con las garantías, principios y derechos consagrados por la Constitución Nacional. Mediante esta premisa, surge en forma clara que cualquier interpretación de una norma del Código Civil que privilegie la responsabilidad objetiva podría resultar gravosa para la libertad de expresión que se encuentra por encima de ésta.

Continuando con la necesidad de equilibrar el concepto de libertad de expresión y de proteger a los ciudadanos de eventuales informaciones que circulen por internet, el máximo tribunal ha entendido que en algunos casos puntuales y muy evidentes (pornografía infantil, odio racial o religioso, imágenes o actos que por su naturaleza son privados, etcétera) bastaría la simple notificación por medio fehaciente, sin necesidad de una acción judicial para que los buscadores tengan que dar de baja la información.

En cambio, en aquellos casos en los cuales fuera dificultoso o discutido el carácter o el grado de afectación de la información se requeriría un proceso judicial previo en donde se determine que la información en cuestión afecta a la persona y por lo tanto corresponde dar de baja de la misma. Recién con la notificación de la resolución judicial que ordena su supresión y ante la desobediencia del buscador, el afectado estaría en condiciones de reclamar los daños y perjuicios.

A esta altura fácil es concluir que bajo la solución adoptada quedan infinidad de situaciones sin definir que se resolverán por la vía del litigio.

Más aún, ¿quién puede decir ante tempus, que la información que se divulga encuadra dentro de la primera o la segunda categoría de las previstas en el fallo? ¿Y qué pasaría en la hipótesis de que luego de intimado fehacientemente, el buscador rechaza esa intimación obligando a recurrir a la justicia que luego determina que la información debe ser bloqueada? El buscador cumple luego con el mandato judicial y entonces sale indemne. Resulta evidente que no puede exigirse el mismo grado de responsabilidad para el buscador que ha renegado de la primera opción, obligando al damnificado a acudir a una solución jurisdiccional con el costo que ello conlleva.

3. Final abierto. Es un fallo positivo que echa luz sobre cuestiones controvertidas, pero con final abierto. Habrá que esperar a ver cómo evolucionan internet, el mercado de las comunicaciones y el nutrido grupo de demandas que en breve llegaran nuevamente a conocimiento de la Corte con bases fácticas muy disímiles y con importante grupos de derechos en pugna.

El final también queda abierto para cuando entre en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial con la posibilidad de que el nuevo texto traiga aparejadas otras divergencias interpretativas.

(*) Abogados, especialistas en Derecho Informático

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