En estos días, el tema que ha priorizado el análisis de la opinión pública ha sido la denominada “democratización de la Justicia”. A partir de su presentación por parte de la presidenta, y de haberse implementado un maratónico sistema para su aprobación parlamentaria, se han suscitado todo tipo de comentarios acerca de los seis proyectos elevados a las Cámaras por el Ejecutivo para ser aprobados en tiempo récord y a libro cerrado. Los tres destinados al Senado para su preliminar tratamiento resultan al análisis sensiblemente más trascendentales que los otros tres, y a ellos quiero referirme. Las voces políticas y periodísticas conniventes con el gobierno, los han defendido con argumentos primarios y sin duda dictados como un catecismo a recitar, desde las esferas oficiales. El análisis de la oposición ha visto principalmente en la limitación de las medidas cautelares una forma de afectar los derechos de los jubilados en juicio, ejemplo válido pero muy sectorizado con respecto a la situación en general de los intereses particulares frente a los del Estado. Con respecto a la elección popular de un cierto número de miembros del Consejo de la Magistratura, se la presenta como una maniobra destinada a imponer o deponer jueces complacientes o reticentes en todo lo que atañe a lo relacionado a los vaivenes de la política y sus negocios conexos. Por su parte, no ha pasado desapercibido que ninguno de los proyectos implementa medidas de seguridad y de aceleración de los fallos, que es lo que la gente necesita y reclama; por el contrario, la creación de nuevas Cámaras de Casación, incorpora un nuevo elemento dilatorio en la resolución de los juicios, con el agravante de una multiplicidad de puestos que engrosarán las erogaciones del Estado mediante un sistema de concursos vaya a saber a través de quiénes controlados. Pero nada de esto está planteado al azar. Todo es parte de un proyecto pergeñado desde el principio, que pone cada vez más en evidencia la intención de imponer por encima de la sociedad un Estado hegemónico que compite ya abiertamente contra los intereses de los individuos, como en las mejores épocas de de las autocracias totalitarias. Poner límites temporales a las esperanzas de los implicados en juicio no es más que un elemento dirigido a disuadir de la posibilidad de iniciarlos; evidenciar tan sin tapujos que los jueces destinados a regir las conductas de los particulares estén tan severamente sometidos a las arbitrariedades de un Estado autoritario, es desalentar las aspiraciones de los que claman justicia; desactivar la celeridad de los fallos creando nuevas instancias que conviertan los juicios en laboriosos laberintos kafkianos, es directamente burlar el contrato social. Muchos atropellos nos esperan en el orden de lo que está pasando, si no reaccionamos a tiempo y entendemos que la actual presidenta de los argentinos ha hecho suya aquella frase de Luís XIV de Francia, que personalizando el sentido de su reinado, exclamaba: “El Estado soy yo”.

Carlos Cambiaso Picasso
DNI 6.052.133