La solicitud de que Amado Boudou sea llamado a declaración indagatoria en la causa “Ciccone”, que el fiscal Jorge Di Lello le hizo al juez Ariel Lijo, introduce un nuevo elemento de conflictividad en este verano tórrido climática y políticamente. Es el juez quien deberá resolver si cita o no al vicepresidente. Si lo hace, posteriormente podrá o no dictar una medida restrictiva de su libertad ambulatoria. Por lo tanto, si bien la noticia tiene un alto impacto en los medios, que es natural, aún es prematuro señalar cuáles van a ser las consecuencias del dictamen del fiscal Di Lello. Recordemos, por otra parte, que conforme a la ley 25.320, si un legislador, un juez o un alto funcionario ejecutivo sujeto al juicio político (presidente, vicepresidente, jefe de gabinete y demás ministros) es imputado en una causa penal, el proceso puede desarrollarse normalmente, pero es necesario el desafuero (en el caso de los legisladores) o el juicio político antes de que pueda hacerse efectiva una orden de arresto contra alguno de ellos. Si se llegara a esa instancia, el juez debería solicitarle al Congreso que enjuiciara políticamente a Boudou. El juicio político comenzaría por la Cámara de Diputados, que actuaría como acusadora; si la acusación prospera, el Senado resolvería si lo remueve o no. En ambas Cámaras se precisa una mayoría calificada de dos tercios de los presentes para adoptar esas determinaciones. Se trata de mayorías muy difíciles de obtener si no se cuenta con el respaldo del oficialismo. Este cuenta por ahora con mayoría en Diputados y Senado. Sólo si la presidente le “soltara la mano” a su vice o si el agravamiento de la situación política y económica produjera serias divisiones en las bancadas mayoritarias podría pensarse en la remoción de Boudou por esta vía. Por supuesto, éste puede siempre renunciar, pero es improbable que lo haga salvo que se lo exija quien lo llevó, por decisión personalísima, a esa alta función. En cualquier caso, estamos asistiendo en esta materia, desde hace un par de años, a un escándalo mayúsculo. Los indicios que comprometen al vicepresidente son abrumadores, pero ¿es verosímil que una operación de tal envergadura fuera desarrollada sin el conocimiento y el aval del matrimonio Kirchner? La respuesta es obvia y explica el estropicio institucional que la jefa de Estado realizó en cuanto Boudou fue expuesto públicamente por los medios como artífice del salvataje de Ciccone mediante amigos con toda la apariencia de ser sus testaferros. La presión para que el procurador general, Esteban Righi, renunciara, lo que hizo, fue notable. Righi no se había caracterizado precisamente por su independencia y era una figura histórica de la izquierda peronista, pero no les bastaba con eso: querían alguien mucho más dócil aún, como el fallido Daniel Reposo o la actual procuradora Alejandra Gils Carbó, que es un mero apéndice del Poder Ejecutivo. El costo político de esas maniobras fue muy alto. Si la señora de Kirchner estuvo dispuesta a pagarlo, para intentar proteger a una persona que no goza ni de consenso social ni de simpatía en su propia corriente partidaria, por algo es. El final es incierto. Sin embargo, algo es evidente: el “affaire Boudou”, en el contexto de la actual situación económica, no hará más que profundizar los problemas y las tensiones internas de un gobierno sumido en la más absoluta desorientación.
Jorge R. Enríquez