Las razones por las que el oficial Juan José Raffo es mirado con recelo en Tribunales se enlazan con la propia historia del denunciante: tiene causas penales en trámite, está en disponibilidad, muchos camaradas en voz baja lo sitúan como frecuentador de algunos de los circuitos que ahora señala de los que, de paso, no habló hasta que fue removido de su zona. Que abarcaba los conflictivos lugares por donde se movía Pimpi Camino.

No obstante, lo que entregó Raffo a la fiscal de la causa supone un desafío institucional: las imágenes que cazó con su videolapicera fueron difundidas por 24 incesantes horas en medios de alcance nacional. El reto a la Justicia y al Ejecutivo no es por el valor probatorio de las imágenes, lo que deberá definirse, sino porque ellas refuerzan ante vastas franjas de audiencia una creencia que ellas tienen hace mucho: que existe tolerancia policial en alto nivel a actividades ilegales y que nunca eso mereció reproche. Acaso el juego clandestino sea lo que menos aporta a ese circuito de dinero negro, pero para muestra, reza el dicho, basta un botón.

Con su aporte Raffo, además, instala una provocación: de alguna manera dice, con alcance masivo y de alto impacto, que si se quieren lograr pruebas los logros pueden ser rápidos y sin esfuerzos desmedidos. El mensaje va derecho a la Dirección de Asuntos Internos y al juez del caso.

Aparece una vez más un desafío que se renueva cada tanto. Para el gobierno provincial ya está claro que las cajas negras son una piedra en el zapato así ninguno de sus funcionarios reciban sobres. No producir resultados o archivar causas por falta de pruebas será un problema político.