Durante los últimos días Uruguay se encontró con una modalidad que desde hace ya un tiempo se ejerce en la Argentina: la toma de terrenos privados o públicos. Sin embargo, en el país limítrofe la política del gobierno no contempla este tipo de actos y ya van dos ocupaciones que fueron desalojadas, primero por la policía y luego por los mismos vecinos.

Dos argentinos, Ariel Silva y Gabriel Leal, encabezaron una toma de terrenos tras ingresar con otras 30 personas a un predio en el barrio montevideano de Las Carpas, ubicado a sólo 600 metros de donde estos dos okupas ya habían liderado una toma similar el lunes último.

De esa forma, unas 170 personas entraron a un predio para luego empezar a parcelarlo, pero fueron desalojadas 48 horas después por la policía, sin que se registraran heridos. Sin embargo, 18 personas quedaron detenidas, según publicó el diario El País de Uruguay.

Anteayer, Silva intentó nuevamente ocupar una parcela en el mismo barrio y se enfrentó con Sebastián Alvez, un vecino que les había pedido que se fueran del predio. Tras la negativa del argentino de 26 años, Alvez volvió con un grupo de vecinos y cuidadores del campo, rompieron todos los materiales que iban a ser usados para delimitar parcelas y los echaron.

El argentino, que vende roscas y vive con su padre, un jubilado de 70 años, había advertido tras el desalojo policial del miércoles que iba a seguir con su objetivo de tomar tierras, porque según dijo, quiere "un terreno para después pagarlo".

Silva había reunido a varias personas con "el claro objetivo de invadir un predio de 400 hectáreas y con la clara convicción de haber aprendido de los errores que dice haber cometido en la primera toma, ocurrida el lunes en la intersección de Camino Paso de la Española y Camino del Aguila", según El País.

En un principio, las personas que pretendían ocupar el predio permanecían dubitativas de concretar la acción, pero Silva los convenció y en la tarde de anteayer fueron a tomar el predio, siendo finalmente desalojados por los vecinos, quienes desde la noche montaron una guardia para evitar que ocurra algo similar.

La intendenta de Montevideo, María Sara Rivero, remarcó que "hay una normativa que prohíbe la ocupación de tierras ilegales" y agregó que "de ese tema se encarga la Justicia".

"El predio tomado el lunes tiene un dueño que estaba al día con sus impuestos. Se lo desalojó con la policía", precisó a la porteña Radio 10 la funcionaria, quien negó que haya sido un movimiento espontáneo.

Mientras tanto, unas 20 familias que habían estado en la primera toma fueron al Ministerio de Vivienda uruguayo para pedir una solución a esta carencia, y admitieron que ese "es el mejor camino para conseguir el sueño de la casa propia y no por medio de la violencia", según El País.