Los nuevos reclamos de vecinos ante el avance de la edificación en altura en nuevas zonas de la ciudad reactualizan la falta de planificación de quienes tienen que velar por la sustentabilidad y la calidad de vida de los habitantes. En el año 2006 hubo una presentación en la Defensoría del Pueblo de la provincia planteando inquietudes similares a las que hoy preocupan a vecinos y llevan a que un concejal presente un proyecto para detener permisos. Para mal de los rosarinos, cada uno de los inconvenientes planteados en la Defensoría se hizo realidad. Desde el caos en el tránsito y la dificultad para la guarda de vehículos, pasando por los inconvenientes para la recolección y disposición de residuos, el déficit de espacio verde público, la saturación de las obsoletas redes de agua y cloacas, y finalmente el colapso de la insuficiente infraestructura de electricidad. Todo esto tiene un nombre "imprevisión y falta de planificación de quienes tienen en sus manos la proyección de una ciudad sustentable". Todo se autorizó bajo la legislación existente, que varias veces fue manoseada pero nunca pensada para controlar la densificación en zonas comprometidas o incluir normas tendientes a optimizar las técnicas de construcción y el uso de energías alternativas. Las inversiones y las mejoras deben ser canalizadas apuntando a la mejora en la calidad de vida de todos los habitantes sin recaer en el error de ser influenciadas por el lobbysmo corporativo, que sólo sirve para continuar fragmentando la ciudad con usuarios de primera y usuarios de cuarta. Ampliando estimaciones del concejal Cavallero, la superficie de Rosario semejante a la de la Ciudad de Buenos Aires hace posible que habitemos no 2,5 sino 5 millones de personas, la pregunta es si queremos crecer como aquella ciudad, en forma anárquica, sin planificación ni sustentabilidad y arrasando con el patrimonio histórico-arqueológico-cultural. Un párrafo aparte merecen quienes se rasgan las vestiduras con el argumento de las fuentes de trabajo pero no se preocupan por sacar de la informalidad o dar mejores condiciones de seguridad a esos trabajadores que caen como moscas en la construcción de miles de departamentos que ellos mismos jamás tendrán posibilidad de habitar. En el marco del "libre albedrío" estamos habilitados para accionar de una u otra forma, lo que no podemos hacer es evitar las consecuencias.

Jorge R. Alvarez / DNI 6.049.379