Triple crimen: rechazan a la Secretaría de DDHH de la Nación como querellante

El juez que lleva adelante la investigación por el triple crimen de villa Moreno decidió rechazar el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de ser aceptada como querellante en la causa. El magistrado entiende que "la querella en el ordenamiento procesal santafesino habilita unicamente a quien pretendiera ser ofendido penalmente por un delito de acción pública o sus herederos forzosos" y que, en ese sentido, "ya se encuentran legítimamente constituídos las víctimas del proceso en ese carácter, quienes velan junto al Ministerio Público Fiscal por el resultado mismo de la causa con un adecuado acceso a la Justicia en miras también de un correcto y debido proceso".

La petición hecha por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se había realizado el pasado 12 de abril aduciendo "estar legitimado por entender que ante un incumplimiento del Poder Judicial de brindar un adecuado acceso a la Justicia y debido proceso a las víctimas de éstos, el Estado Nacional podría ser condenado por los organismos internacionales de los cuales forma parte".

A ese planteo se opusieron los defensores del principal imputado en la causa, Sergio Gustavo El quemado Rodríguez. Los abogados Carlos Varela y Adrián Martínez dijeron que la presencia del organismo nacional como querellante "no está previsto en el ordenamiento penal" santafesino y que "su presencia crearía una desigualdad en las partes del proceso que redundaría en perjuicio de los imputados, teniendo en cuenta que ya existe un querellante particular admitido", en referencia a los familiares de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, asesinados a tiros la madrugada del primer día del año frente a una canchita de fútbol de Presidente Quintana y Dorrego.

Lesa humanidad. Otro de los argumentos planteados por la Secretaría nacional para su participación como querellante fueron las facultades otorgadas en la Ley de Ministerios, entre las cuales se encuentra "la de realizar el impulso y seguimiento procesal de las causas que versen sobre derechos humanos que prima facie constituyan crímenes de lesa humanidad y en las que refieran a hechos violatorios de los derechos humanos que produjeran conmoción y/o alarma social". En respuesta a eso, la defensa de El quemado planteó que los mismos "no se dan en el hecho investigado" y el juez de la causa entendió que en el expediente "no se investigan delitos de lesa humanidad".

Asimismo, el juez de Instrucción Juan Andrés Donnola sostiene en su rechazo que "el actual sistema procesal penal santafesino ha generado un adecuado marco de protección al acceso a la Justicia y el debido proceso, en el cual existen formas, maneras y resortes procesales para que esta situación quede debidamente enmarcada en esos parámetros, contando con las formas de control en caso contrario". Y, sin bien admite que el Estado Nacional puede ser sujeto pasivo de eventuales acciones de quién o quiénes se pueden sentir afectados por un fallo judicial relativo a derechos escenciales, "ello no habilita que un eventual o hipótético pedido de resarcimiento puede ser tenido en cuenta como un elemento de justificación a la intervención en un proceso penal cuando el mismo sistema procesal donde pretende instaurarse determina las formas para que estas premisas en evetual «riesgo» puedan conjugarse".

Finalmente, el juez sostiene que "no existe en la causa una relación concreta o intervención en los hechos de algún organismo de carácter nacional, como tampoco personal de seguridad o policial de ese carácter que mínimamente permitiera inferir que el Estado Nacional pudiera considerarse damnificado por la irregular acción de estos".