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Triple crimen: la defensa plantea la nulidad de las pruebas y piden absoluciones

Los defensores de los cuatro imputados por el triple crimen de Villa Moreno enfatizaron en la "falta de garantías" durante el proceso y cuestionaron las evidencias.

Martes 02 de Diciembre de 2014

La defensa de los cuatro imputados por el triple crimen de Villa Moreno pidieron la absolución de sus clientes y la nulidad de la mayoría de las procedimientos judiciales en los cuales la Fiscalía basó la acusación y el pedido condenas de hasta 30 años de prisión. Al exponer los alegatos de cierre del juicio por el hecho ocurrido el 1º de enero de 2012, los abogados de Sergio "Quemado" Rodríguez, acusado como autor intelectual y ejecutor de los disparos fatales, Daniel "Teletubi" Delgado, Brian "Pescadito" Sprio (coautores), y de Mauricio "Maurico" Palavecino (partícipe necesario) desplegaron variada fundamentación jurídica para despegarlos de la masacre donde murieron Jeremías "Jere" Trasante, Claudio "Mono" Suárez y Adrián "Patom" Rodríguez.

En la penúltima jornada del juicio sobre la masacre los abogados de los acusados alegaron su inocencia y durante casi seis horas de exposición introdujeron múltiples cuestionamientos sobre la legalidad de la producción de pruebas que, aunque con distintos grados de responsabilidad, recalcaron en conjunto ante los jueces Gustavo Salvador, José Luis Mascali e Ismael Manfrín.

Sin control. Tras citar la Constitución, jurisprudencia y tratados internacionales, Adrián Martínez y Carlos Varela (defensores de Rodríguez) cuestionaron la imposibilidad que tuvieron de controlar pruebas desde la instrucción de la causa, sobre todo la declaración de testigos clave. "En esos pactos se dispone el derecho de interrogar a los testigos de cargo durante el proceso, instrucción o investigación penal preparatoria. Las garantías del debido proceso se aplican en la etapa previa al juicio", detalló Martínez, y recordó una situación planteada por su parte cuando el caso era investigado por el juez Luis María Caterina. "El 19 de enero de 2012 se interpuso escrito solicitando controlar la prueba, especialmente los testimonios. El Tribunal resolvió que ante las sucesivas presentaciones se notifique a los abogados sobre la declaración de testigos. Excelente resolución de Caterina, pero ¿cuánto duró esa garantía? Once días. Después llegó (el juez Juan) Donnola y la causa se instruyó a espaldas de la defensa".

Alegó que varios testigos clave declararon sin control de la defensa, por lo cual pidió que se declare la nulidad de todos los testimonios, y en consecuencia la requisitoria de elevación a juicio. "Si el Tribunal tiene en cuenta las declaraciones, la sentencia será nula. No sé si en Santa Fe, pero sí cuando vaya a la Corte Suprema de la Nación", sostuvo.

Martínez enfatizó que "el Tribunal no puede otorgar facultades a una de las partes (por la Fiscalía) en detrimento de otra". Luego recordó que el 2 de marzo de 2012 la fiscal Nora Marull pidió a Donnola prorrogar el secreto del sumario y que en caso contrario "se mantuvieran en reservas cierta medidas probatorias, sin que las conozcan los imputados y sus abogados. A través de un decreto se rechazó la prórroga pero hizo a que se desglose parte del expediente y se remitiera a la fiscalía. Era casi la mitad, 346 fojas separadas a las que no tuvo acceso la defensa". Así, remarcó que eso "afectó al derecho de defensa en juicio", por lo cual pidió la "nulidad de ese decreto y de los actos posteriores que incluyen la requisitoria de elevación a juicio".

Martínez también cuestionó las intervenciones a teléfonos de los imputados, familiares o allegados. Y puso en duda el tenor de la testimonial que le tomaron a Palavecino cuando fue demorado mientras era investigado y estaba bajo sospecha. "Se hizo así para evitar la presencia del defensor", dijo.

También expuso lo que consideró "causas derivadas del proceso", como las fotos tomadas al Quemado que se filtraron cuando fue detenido Entre Ríos, y finalmente hizo mención a las personas a las que se les secuestró la ametralladora con la cual (según pericias balísticas) se perpetró la masacre. "A dos personas le secuestran una metra y de las pericias surge y que fue la utilizada. Pero no los veo sentados acá. Están en otra causa por la tenencia del arma, pero deberían estar acá".

Sin pruebas. Por su parte, Varela insistió en que en las audiencias "lo único presente es la ausencia de pruebas". Cuestionó la teoría de la fiscal de que las vainas secuestradas "en tres hechos" y dentro del auto de Maximiliano Rodríguez (hijo de Sergio) al ser baleado horas antes (hecho que desató la errónea venganza posterior) indica que éste se defendió con un arma luego usada en el triple crimen. "Se contradice con la prueba, ya que las jóvenes (la novia de Maxi y una amiga) dijeron que no se resistió al ataque. Pero esa postura le sirve para incriminar a los acusados", indicó.

Fausto Yrure y Gabriel Navas, defensores de Delgado y Sprio, sostuvieron argumento similares. "No se produjo una sola prueba concreta para arribar a la condena como quiere la fiscal. No hay pruebas que demuestren que Delgado y Sprio hayan estado ese día allí, mucho menos de que hayan hecho los disparos mortales", recalcó Navas.

Yrure se enfocó en demostrar que sus clientes estaban en el Hospital Clemente Alvarez a la hora de la masacre. Para ello aportó datos y registros por GPS de la triangulación de las antenas de Nextel que captaron la señal del teléfono de Teletubi en distintos momentos de esa madrugada que no lo situaba en Presidente Quintana y Moreno. Y se apoyó en imágenes de las cámaras del hospital donde se los ve ingresar y permanecer varios minutos luego de trasladar a Maxi malherido.

Puso el acento además en "la teoría que eligió la fiscalía para contextualizar esto dentro del mundo narco, pretendió esa versión para cubrir falencias probatorias.", indicó sobre una aparente persecución motivada por la trascendencia, el poder político y la repercusión del hecho. "La fiscalía los pretende vincular al mundo narco para que toda la pruebas sea valorada con ese prejuicio. Pero ¿que se probó de eso?".

Yrure luego se refirió a las antenas que captaron la señal del celular de Delgado. "Tanto en llamadas salientes como entrantes esa madrugada siempre lo capta una antena de Mendoza 3865. Después la de Tiro Suizo y a las 4.32 la del Parque Regional Sur, que corresponde a su domicilio.

Y luego apuntó al testigo Marcelo Suárez, sobreviviente del ataque. "Vivió el momento, pero tiene un eco en la causa: su primo el testigo Iván Oliva, a quien le dijo que vio a tres personas pero después dijo que eran cuatro”, insistió. Apuntó que Suárez dijo que “se acerca uno y los otros se quedan detrás de los árboles, que no hablaron, que sólo vio a uno armado. La cuidadora de la cancha y su hija ven a tres sujetos, como Suárez. También recordó que Ezequiel Villalba “negó en las audiencias” haber visto a Sprio. “La fiscalía no pudo traer una prueba así. Delgado y Sprio estaban en otro lugar”, resumió Yrure.   
  
Endebles. Por último alegó Ignacio Carbone, abogado de Palavecino, sindicado como aportante y conductor de la camioneta. “Son pruebas endebles. La producción de la prueba no fue la correcta en el control de legalidad”, dijo. Es que para el abogado quedó probado que la Kangoo nunca estuvo allí porque estaba en de Villa Mugueta. Y lo sustentó con el testimonio de un cliente del padre de Palavecino, quien dio fe de que ese día habían transportado en el vehículo un karaoke para una fiesta en esa localidad. “A mi cliente lo vincula el 12 de enero la división Homicidios, que a través de un informe pide intervenir varios teléfonos, entre ellos el suyo. Pero el único argumento es que era allegado a uno de los sospechados”.

Carbone puso de manifiesto la aparente irregularidad en la detención y posterior toma de declaración de su pupilo. Y agregó que cuando queda demorado hubo “otro hecho ilegal”, el secuestro del aparato. “Hay una prueba pericial ilegal del teléfono, porque mi cliente supuestamente era testigo. Los jefes de Homicidios reconocen que fue demorado pero sin causa”, refirió Carbone.

“Una cosa es investigar y otra violar las garantías de los acusados”, indicó Carbone, y agregó: “La declaración de mi cliente es de nulidad absoluta, pido que no se la use en este proceso. También la forma de incorporarlo a la causa fue caótica”.

El abogado también pidió la nulidad de las desgrabaciones y transcripciones telefónicas usadas en la causa. “Lo único que hizo la fiscalía es el proceso de desgrabación. No acreditó el primer momento, la observación judicial de los audios. La etapa más importantes, la observación judicial, no se hizo. Permítame dudar de la cadena de custodia que no fue probada”, dijo Carbone.

Finalmente también bregó por la absolución de su defendido. “Hemos demostrado dónde estaba la chata, entonces la sospecha no puede convertirse en una sentencia condenatoria. Solicito que no se tenga en cuenta el agravante de la participación de el menor (Jeta M.) para la calificación legal del delito que le achacan”, al igual que a los otros tres imputados.

Replican argumento sobre antenas de celular

En la réplica final la fiscal Nora Marull atacó el argumento del abogado Fausto Yrure respecto de que las antenas que captaban el celular de Daniel “Teletubi” Delgado demostraban, en su criterio, que no estaba en el lugar de los hechos.

Al respecto, Marull afirmó que las antenas no son un elemento concluyente para definir la ubicación del portador de un celular. En este sentido, sostuvo que a veces el radio de captación de las antenas abarca hasta 60 cuadras. Y que dependiendo de factores diversos —la saturación del tráfico de llamadas o las condiciones ambientales— la línea puede no ser captada por la antena más cercana sino por la que le sigue en proximidad al usuario del aparato.

El planteo fue entonces que pretender trazar una ruta definida de posición del acusado a partir del teléfono celular que portaba, para sacarlo de la escena del crimen, era un argumento endeble.

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