El proyecto presentado por legisladores de varios partidos políticos estipula penas que van de seis meses a tres años de prisión. La iniciativa de Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, toma la norma aplicada en Suecia.
  Penaliza la actividad de locales, habilitados como whiskerías y cabarets, pero que funcionan como burdeles. Reprime al que “entregare una suma de dinero por el uso sexual de alguien víctima de trata, en situación de vulnerabilidad o si mediara abuso de poder”. También busca dar “una salida a la víctima para garantizar un efectivo goce de sus derechos”.