Según el Indec, la población económicamente activa es de 17 millones. Menos 1,1 millones de desocupados (6,3 por ciento), quedan 15,8 millones, de trabajadores. Los trabajadores asalariados son 12,2 millones (77.4 por ciento de 15,8 millones) y los trabajadores empresarios son 3,6 millones (22,6 por ciento). Los asalariados informales, no registrados o en negro son 4.2 millones de personas (34,2 por ciento de 12,2 millones) y los en blanco 8 millones. Según esa estadística, hay un trabajador en negro por cada dos en blanco; si se computan los pagos en negro a asalariados registrados, sube la proporción de trabajadores en negro. Esta incoherencia tiene una sola explicación: el rechazo de la sociedad al costo adicional que deben pagar los asalariados (públicos y privados) y las empresas, por leyes laborales, seguridad social e impuestos, del orden del 50 por ciento del sueldo nominal. Las leyes que imponen esas gabelas son ilegítimas, crean la cultura de violación de la ley, alteran la concordia laboral y dificultan el proceso de capacitación. El desquicio no se resuelve con un ejército de inspectores corruptos. Para disminuir los trabajadores en negro hay que disminuir las cargas laborales, y eliminarlas para: a) los menores de 25 años, para que se integren al trabajo formal, y b) los mayores de 60 años, para mejorar sus posibilidades laborables.

Marcelo Castro Corbat