O el intendente de Rosario carece de principios o se burla de los contribuyentes. Eso es lo que sugiere la marcha atrás al Código Urbano en lo atinente a las zonas de edificación y a la altura de los edificios (vale decir la afectación de nuestra calidad de vida). La medida deja de manifiesto la debilidad del Ejecutivo ante los aprietes corporativos de los vampiros de la construcción y sus patotas, organizaciones alejadas del bien común y sólo interesados en llenarse los bolsillos de oro fácil. ¿Para qué sirvieron tantos estudios previos, tanta polémica e incluso la promulgación de una ley? Evidentemente, todo fue una farsa. Los vecinos que participamos activamente de la vida de la ciudad no podemos dejar de sentirnos unos idiotas útiles ante los manejos de una clase política de dudosa moral, sometida a los caprichos de los especuladores y los capangas del ladrillo. Un consejo a los historiadores: no olviden a quienes impulsaron el retorno a la ley de la selva y filmen lo que queda de nuestra querida ciudad, porque dentro de muy poco —como está sucediendo en la arrasada Córdoba— no la vamos a poder reconocer.

Julián de Elizondo

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