Tiene media sanción la extracción obligatoria de muestras de ADN

La Cámara de Diputados aprobó anoche y giró al Senado dos proyectos del Ejecutivo vinculados con la investigación de delitos de lesa humanidad: la reforma del Código Procesal Penal para establecer nuevos procedimientos para la extracción de ADN en los casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

El primero fue aprobado por 154 votos positivos, 32 negativos y 14 abstenciones; el segundo, por 135 votos a favor, 47 en contra y una abstención.

La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Nora César, defendió el proyecto, el que —afirmó— responde a "una solución amistosa del Estado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)" respecto a garantías sobre derechos humanos, y que apunta a "respetar la integridad física de las presuntas víctimas".

Para la legisladora la ley tiene como objetivo central "averiguar la verdad" en el marco de los procesos penales por delitos de lesa humanidad".

El presidente de la comisión de Derechos Humanos, Remo Carlotto, rechazó las críticas a la iniciativa (se dijo que la extracción de muestras de ADN era "compulsiva, fascista y que promovía la persecución") y consideró que es "una obligación del Estado perseguir, investigar y reparar" las violaciones de los derechos humanos.

La ex kirchnerista Victoria Donda (nacida en la Esma) defendió el proyecto desde su experiencia personal y recalcó que "de los últimos trece, nueve de los nietos recuperados" fueron detectados por los allanamientos ordenados por la Justicia.

"Nos entregaron como si fuéramos cachorros de otras familias", dijo Donda y recordó: "Yo tardé ocho meses en decidirme a hacerme el ADN", al defender la idea de que la determinación sea tomada por la Justicia y permitirles a las víctimas sacarse "la mochila" de tomar la decisión.

La embestida opositora la hizo la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano, quien defendió la postura de la jefa de la CC-ARI, Elisa Carrió, en contra de la reforma, y planteó reenviar el texto a comisión para buscar mayor consenso.

La ex lopezmurphysta Nora Ginzburg mantuvo un cruce con acusaciones de "fascista" hasta con las barras, donde había militantes de los derechos humanos, como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y cuestionó el proyecto. "Esto es fascismo; las víctima no tiene más derecho por el solo hecho de ser víctimas", afirmó.

El ex kirchnerista Miguel Bonasso retrucó: "¿Es fascismo la prueba de alcoholemia?, ¿es fascismo la toma de huellas digitales para la identificación?, son herramientas mínimas de control de los Estados".

El proyecto establece un claro procedimiento relativo a la obtención del ácido desoxirribonucleico (ADN) para los casos de apropiación de menores durante el Proceso. En ese sentido, establece que, cuando la "presunta víctima" se niegue a dar muestra de sangre, saliva, piel, cabello u otra muestra biológica, como se establece para los imputados u otras personas involucradas en la causa, se procederá a un eventual "registro domiciliario o una requisa personal".

Orbita nacional. El otro proyecto girado al Senado: la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), en la práctica implica la transferencia a la órbita nacional del ya existente en jurisdicción porteña, cuya función será obtener, almacenar y analizar la información genética para esclarecer delitos de lesa humanidad.

El BNDG, que en el texto original iba a depender del Ministerio de Justicia, con el texto aprobado pasará a estar bajo la órbita de Ciencia y Tecnología. El cambio fue a pedido de los organismos de derechos humanos para que no dependa del ministerio que tiene en su jurisdicción a la secretaría de Derechos Humanos, que querellas a los represores.