Chile y Perú aguardan bajo tensión el dictamen que emitirá mañana la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) sobre su frontera marítima, con llamados dispares a la prudencia, el festejo e incluso al desacato del fallo.
Chile y Perú aguardan bajo tensión el dictamen que emitirá mañana la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) sobre su frontera marítima, con llamados dispares a la prudencia, el festejo e incluso al desacato del fallo.
"Hay que esperar en tranquilidad los resultados", declaró el presidente chileno, Sebastián Piñera. "La posición pública y oficial de ambos gobiernos es coincidente en acatarlo", añadió el mandatario peruano, Ollanta Humala.
El litigio, que cumplió seis años en la CIJ, donde fue presentado por Perú, implica la soberanía sobre unos 35.000 kilómetros cuadrados del océano Pacífico, un área muy rica en recursos marinos que hoy está bajo administración chilena, en virtud de acuerdos internacionales firmados en 1952 y 1954.
El Perú, sin embargo, interpreta que estos pactos son solo instrumentos pesqueros y no constituyen tratados de límites. Esos tratados fueron también firmados en su momento por Ecuador, y en la práctica tuvieron vigencia demarcatoria hasta que Quito y Lima firmaron en 2011 un acuerdo en que reconocieron explícitamente tales límites.
Ejecución.Expertos y autoridades admiten que la ejecución del fallo que emitirá la CIJ no será automática, pudiendo tardar meses incluso, debido justamente a la aplicación jurídica dispar en ambos países de los tratados de 1952 y 1954. "En el cumplimiento del fallo, Chile buscará avanzar en su debida ejecución, la cual necesariamente tendrá que ser gradual y acordada con Perú", dijo el presidente Piñera tras una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional en el palacio de La Moneda.
El representante peruano ante la CIJ de La Haya, José García Belaunde, coincidió en ese punto. "Si hay algo que implementar, tiene que ver con normas que van desde una resolución directoral, que se cambia en medio día, hasta una ley que debe pasar por el Parlamento", explicó. "Lo importante es que el país sepa enfrentar el fallo, cualquiera sea, con la unidad que se necesita", ahondó desde Santiago la presidenta electa Michelle Bachelet, quien asumirá el mando de Chile en marzo, siendo la responsable de la aplicación de la sentencia en su país.
Sin embargo, no todas las voces apuntan al consenso, la calma y la paz. El dos veces presidente peruano Alan García propuso en Twitter embanderar su país el día del fallo, mientras que el diputado chileno Jorge Tarud planteó hasta la posibilidad de desconocerlo.
Es que las desconfianzas y tensiones son casi permanentes entre ambos países desde la lejana Guerra del Pacífico de 1879, conflagración en que Chile anexó miles de kilómetros cuadrados de Bolivia y Perú, ocupando además Lima por casi tres años, con saqueos incluidos. Bolivia perdió desde entonces su salida al mar, que aún hoy reclama a Chile.
Prueba de esos resquemores son los 10.000 millones de dólares gastados por Chile en la compra de tanques, submarinos y aviones de guerra desde 1990, incluida una treintena de cazabomberos F-16 desplegados en la frontera con Perú. Las fuerzas armadas chilenas mantienen guardados en depósitos bancarios otros 4.500 millones de dólares para compras futuras. El analista Eduardo Santos, habitualmente invitado al Congreso, prevé que otros 15.000 millones de dólares serán destinados a compra de armas y repuestos hasta 2025 si no hay cambios en esta política. Para el analista chileno Raúl Sohr un fallo adverso abrirá en Chile el cuestionamiento público a la utilidad del alto gasto militar para defender el territorio, que coincidirá con la demanda peruana de restricción del gasto bélico.
"La agenda post fallo debe analizar el armamentismo chileno, que los peruanos consideramos una amenaza inaceptable", dijo el ex presidente del Congreso peruano Carlos Ferrero Costa. Sus palabras apuntan a uno de los escenarios más temidos, aunque considerado remoto por la mayoría de expertos de los dos lados. Es decir, que el fallo no zanje los problemas entre ambos países, ni contribuya estratégicamente a la integración, como sí sucedió luego que Chile y Argentina superaron sus diferencias fronterizas, o como en el caso del propio Perú con su otrora enemigo y hoy aliado Ecuador.
Exigencias peruanas. La cancillería chilena exige hace meses al Perú que exprese públicamente que tras el fallo no quedarán temas pendientes entre ambas naciones. Hasta hoy, Lima no otorgó señales al respecto. Y es que Perú probablemente retomará tras el fallo sus históricas demandas de restitución del patrimonio saqueado por las tropas chilenas durante la ocupación de casi tres años de Lima en la Guerra del Pacífico (1879-1883). Libros, monumentos y el propio buque insignia peruano, Huáscar, son parte de los bienes que Lima quiere recuperar y que Chile por ahora rechaza restituir.
Pero el veredicto de la CIJ, que es inapelable, también será seguido con atención en Bolivia, país que también demanda a Chile ante la CIJ, pidiendo negociaciones para lograr una salida soberana al mar. "Si el escenario ideal (fallo a favor de Perú) se concreta, creo que podremos lograr que el Protocolo Complementario del Tratado de 1929 deje de ser candado del mar para Bolivia", estimó José Pinelo, ex embajador de Bolivia ante la OEA. Pinelo se refiere al hecho de que una salida al mar para Bolivia por territorio chileno debe ser autorizada por Perú, en virtud del tratado de 1929 con Chile.
En definitiva, el fallo de la CIJ no sólo resolverá si la frontera marítima está ya demarcada y sigue la línea del paralelo como subraya Chile, o si debe trazarse una línea equidistante entre ambas costas, como postula el Perú (ver infografía en esta página).
Los ecos del dictamen retumbarán por años en una región multiétnica en que convergen tres países, conscientes de que esa es una zona abundante en recursos mineros y pesqueros, pero con altos niveles de pobreza.