Organizaciones comunitarias judías y de familiares de las víctimas del atentado han cuestionado el entendimiento entre ambos países por considerar que Teherán nunca permitió en el pasado entregar a los cinco iraníes presuntamente involucrados en el atentado. Por otro lado, aseguran que la comisión de juristas internacionales creada por el acuerdo y llamada "Comisión de la verdad" se colocaría por encima de la jurisprudencia argentina.

El acuerdo se dio con el anterior gobierno iraní, el del presidente Mahmud Ahmadinejad. Irán se mantuvo inactivo y no dio muestras de interés para proseguir las negociaciones desde entonces.

La presidenta argentina Cristina Fernández dijo el martes pasado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que si Irán quiere demostrar que ha tomado un rumbo más moderado tras la asunción de un nuevo presidente debería facilitar la investigación de la masacre.

"Me pareció entender que (entre las grandes potencias) hay una suerte de nueva expectativa de cambio" tras la asunción del presidente Hasán Ruhani, expresó Fernández. Después del discurso, el gobierno argentino dijo que Irán se contactó.

La misión iraní ante Naciones Unidas no respondió de forma inmediata a una solicitud de la agencia Associated Press, para comentar sobre el encuentro.

Los iraníes acusados por Argentina y que enfrentan solicitud internacional de captura son Mohsen Rabbani, ex consejero cultural en la embajada en Buenos Aires, el ex ministro de Defensa Ahmah Vahidi, el ex presidente Ali Rafsanjani; el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan y el ex canciller Ali Akbar. Velayati, así como el libanés Samuel Salman El Reda.