Madrid. — Emocionado por el cariño de sus seguidores y casi con lágrimas en
los ojos, el juez Baltasar Garzón abandonó ayer la Audiencia Nacional española tras ser suspendido
cautelarmente de sus funciones por una fallida investigación de los crímenes del franquismo. El
magistrado está acusado de prevaricación —el delito de dictar a sabiendas una resolución
injusta— y a la espera de juicio. En un pleno extraordinario, el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces en España, decidió por unanimidad suspenderlo,
por lo que de forma automática fue apartado de los casos que investigaba.
Minutos después de conocerse la suspensión y a escasos metros de la sede del
Consejo en el centro de Madrid, decenas de trabajadores del juzgado de Garzón se congregaron en la
puerta de la Audiencia para despedirlo entre aplausos. "¡Garzón, amigo, el pueblo está contigo!",
corearon ante el magistrado, que se fundió en largos y emotivos abrazos con muchos de sus
empleados. La imagen, repetida una y otra vez por la televisión española, se convirtió en uno de
los diez asuntos más comentados en la red social Twitter a nivel mundial.
Prácticamente a la misma hora, el ultraderechista Miguel Bernad, secretario
general del autodenominado sindicato Manos Limpias (no cuenta con representación en ningún centro
de trabajo de España), anunciaba el "triunfo de toda la sociedad". La suspensión de Garzón, dijo,
demuestra que "nadie está por encima de la ley".
La decisión, aunque esperada, es un duro golpe para un magistrado que goza de
gran prestigio internacional por su empeño en perseguir delitos de lesa humanidad en todo el mundo.
Aunque la suspensión es sólo cautelar, muchos analistas entienden que este paso escribe un punto
final a la carrera del juez que puso contra las cuerdas al ex dictador chileno Augusto Pinochet y
contribuyó a esclarecer crímenes en países como Argentina.
Rostro universal. Garzón, de 54 años, llevaba 22 al frente del juzgado número 5
de la Audiencia Nacional, desde el que instruyó sumarios decisivos en la lucha contra el
narcotráfico y el grupo separatista vasco ETA. También, a través de casos como el de Pinochet, se
convirtió en el rostro más conocido de la Justicia universal. “No se afrontan las situaciones
complejas con optimismo, sino con tranquilidad, con la tranquilidad que da saber que soy inocente
de lo que se me acusa”, dijo ayer Garzón a la prensa. “Como hombre respetuoso con la
ley, sólo me queda asumir la decisión”.
Organizaciones de ultraderecha acusan a Garzón de haber ignorado
intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando se declaró competente para investigar la
desaparición de más de 100.000 personas durante la guerra civil y la dictadura. El autodenominado
sindicato Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad piden que sea inhabilitado por 20
años. Falange Española de las JONS, heredera del partido único sobre el que se asentó la dictadura
de Franco (1939-1975), era la otra acusación, si bien finalmente fue expulsada del proceso por no
presentar a tiempo una corrección de su escrito de acusación contra el juez. Al margen de esta
causa, el juez tiene abiertas otras dos en el Tribunal Supremo: una por los ingresos que percibió
del banco Santander durante una estancia docente en Nueva York y otra por ordenar escuchar las
conversaciones entre los abogados de la trama de corrupción Gürtel y sus clientes encarcelados.
Juicio en septiembre. El juicio podría celebrarse en septiembre. Si Garzón es absuelto, la
suspensión quedaría revocada con efecto inmediato y el juez recuperaría su plaza. Si es condenado,
se enfrenta a una inhabilitación de hasta veinte años. “La persecución contra Garzón es un
ataque a los fundamentos de la democracia. En ningún renglón de la Ley de Amnistía se dice que los
crímenes del franquismo no se puedan investigar”, dijo la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica, que lleva años buscando desaparecidos de la guerra civil.
El gobierno español defendió la independencia de las actuaciones judiciales, pero, al mismo
tiempo, exigió respeto a la presunción de inocencia de Garzón. “El proceso no ha
concluido”, recordó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Intelectuales y
grupos pro derechos humanos que habían apoyado al juez durante el largo proceso que culminó con su
suspensión reiteraron su malestar. “Garzón ayudó a llevar justicia a las víctimas de
atrocidades fuera de España y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en
casa”, dijo Reed Brody, portavoz de Human Rights Watch.
