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Suspenden la matrícula al abogado y juez de Faltas acusado de estafa

Al letrado Sergio Bonetto lo investigan por entregarle sólo 300 mil pesos sobre dos millones que le correspondían a los hijos de un ciclista fallecido en un accidente de tránsito.

Sábado 11 de Abril de 2015

El Colegio de Abogados suspendió provisoriamente la matrícula de un letrado que además se desempeñaba como juez de Faltas municipal, acusado de estafar a los hijos de un hombre que falleció en un accidente de tránsito. La sanción, adoptada por amplia mayoría del Tribunal de Etica, recayó sobre Sergio Luis Bonetto. El profesional fue denunciado por haberle entregado a la familia de los deudos sólo 300 mil pesos sobre una indemnización cercana a los dos millones que había fijado la Justicia. Por ese ilícito, que los familiares se enteraron leyendo un artículo de LaCapital, el profesional ya estuvo detenido en 2013.

La presidenta del Colegio de Abogados, Araceli Díaz, precisó al portal Rosario3.com que 9 de los 12 integrantes del Tribunal Etica de la institución determinaron en el plenario del pasado miércoles la suspensión de la matrícula de Bonetto.

"Los integrantes del tribunal de ética suelen reunirse en dos o tres salas pero ante casos que requieran mayor importancia se llevan a cabo plenarios. En este caso, la mayoría decidió la suspensión de la matrícula del doctor Bonetto", agregó Díaz.

En paralelo, Bonetto continúa suspendido como juez de Faltas municipal. La subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad, Carmen Donadío, confirmó a este diario que la sanción se mantendrá "hasta que haya definiciones en la causa penal que se le inició en su contra".

"En su condición de juez de Faltas no cometió ninguna irregularidad, pero la causa penal por estafa que está en trámite generó esta suspensión preventiva hasta que haya sentencia en la Justicia", aclaró la funcionaria.

La historia. Bonetto fue denunciado por una presunta estafa en perjuicio de los cuatro hijos de un hombre que murió en un accidente en 2001. Según investiga la Justicia, el letrado habría pergeñado un artilugio para quedarse con una porción importante de la indemnización en favor de las víctimas, clientes que lo contrataron para litigar en el juicio civil por daños.

Por el juicio indemnizatorio, los familiares del ciclista fallecido debían percibir más de 2 millones de pesos, pero el letrado les dio unos 300 mil y se habría quedado con el resto.

La denuncia fue presentada en noviembre de 2012, como desprendimiento judicial de un fatal accidente ocurrido el 2 de febrero de 2001. Ese día, Ricardo Gallardo circulaba en su bicicleta hacia el sur por bulevar Rondeau.

Al llegar a Puccio, y con luz de giro verde del semáforo, dobló y traspuso el primer carril central, donde fue embestido por un auto que transitaba en igual sentido pero ignoró la luz roja del semáforo. El ciclista sufrió heridas graves y murió el 16 de abril en el hospital Alberdi.

Tras el accidente, los familiares de Gallardo radicaron la denuncia en la comisaría Nº 10, donde un agente les entregó la tarjeta personal de Bonetto. A los pocos días un escribano se presentó en el domicilio de la mujer de Gallardo y le hizo firmar un poder en favor del profesional.

En el juicio se comprobó la culpa del automovilista y en 2012 el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 2, lo condenó a resarcir a las víctimas con 790.000 mil pesos más intereses, lo que arrojó una cifra total de 2 millones 200 mil pesos.

Engaño. El cuestionado abogado no anotició de inmediato a sus clientes sobre la sentencia judicial. Es más, según consta en el expediente, les dijo que la compañía de seguros les había ofrecido 270 mil pesos en dos cuotas.

Los familiares de Gallardo pidieron que se mejorara esa oferta. Y el abogado finalmente les acercó el pago, 328 mil pesos en total en una sucursal céntrica del Banco Galicia.

Como era mucho dinero, los hermanos quisieron abrir una cuenta para resguardarlo en el banco, pero el abogado les sugirió que no lo hicieran. Ese dato fue visto por los investigadores como una clara intención del profesional de no blanquear la operación.

El ardid salió a la luz el 17 de octubre de 2012, cuando un familiar de las víctimas leyó en LaCapital la publicación del fallo condenatorio contra el conductor, donde además se mencionaba el verdadero monto resarcitorio (ver aparte).

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