El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, dijo que el procurador general de la Corte Suprema, Agustín Bassó, no respondió un pedido que le hizo el Poder Ejecutivo para que asigne prioridad a la persecución penal de la corrupción policial.

Superti sostuvo que al crearse la Secretaría de Control de Seguridad —que hace un mes quedó a cargo del ex fiscal federal Gonzalo Armas— el gobierno provincial procuraba establecer un control más férreo sobre la criminalidad económica de la policía. Pero subrayó que, a su criterio, no alcanza el trabajo del Poder Ejecutivo, sino que en esta materia también son fundamentales los aportes que brinden los poderes Legislativo y Judicial.

Al respecto, aludió a la indiferencia de la Procuraduría General de la Corte a la misiva enviada. "En marzo se creó la Secretaría de Control de Seguridad. Luego invitamos a controlar la nueva dependencia desde una comisión bicameral de seguimiento en la Legislatura y tuvimos respuesta", contó.

Enseguida enfocó el tema en el jefe de los fiscales provinciales para sentar un contraste. Dijo que en esa oportunidad se le envió una nota al procurador para que, en el ejercicio de facultades que le permiten establecer prioridades en la persecución penal, "requiera a los fiscales que presten mayor atención a la investigación y juzgamiento de los delitos que se vinculen con la corrupción policial", planteó.

Superti dijo que la nota remitida a Bassó para que se refuerce el seguimiento de causas por "enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, cohecho, exacciones ilegales, apremios ilegales aún espera respuesta.

"La Justicia Penal tiene como motor a los fiscales, y si el procurador da prioridad a este tipo de causas, vamos a estar en condiciones de avanzar muchísimo en el tema. Si no da prioridades a este tipo de causas por más que a nivel administrativo se avance no vamos a llegar a lo que es más importante, que es la fuerte aplicación de la ley penal en aquellos policías que delinquen usando un uniforme".

Nuevo round. No son inusuales los cruces entre el gobierno y la Procuraduría de la Corte. En septiembre pasado en la cartera a cargo de Superti demostraron contrariedad cuando Bassó ordenó a sus defensores impulsar un hábeas corpus para hacer cesar las "condiciones infrahumanas" de alojamiento de 119 detenidos. Superti no podía cuestionar una directiva que exigía superar una ilegalidad, pero no disimuló su fastidio por la ocasión elegida por Bassó. "Sería conveniente que la misma fuerza que pone en los habeas corpus la invierta para que las causas más importantes no prescriban", planteó Superti.

El ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, se había sumado entonces a Superti. "Nos llama la atención que el procurador, que fue durante mucho tiempo presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, actúe de esa forma". Cuenca le preguntó a Bassó si había tenido la misma inquietud por el estado de los presos años antes "cuando esta situación era la misma".

Bassó replicó aquella vez que desde 1978, cuando era juez de Sentencia en Melincué, recorría semanalmente la Jefatura de Policía de esa localidad, donde se alojaban aproximadamente cien personas. Y que ocupando el mismo cargo en Santa Fe había inspeccionado cárceles y lugares de alojamiento de presos en forma habitual.

El contrapunto viene de lejos: el gobierno de Hermes Binner objetó incluso el modo de designación de Bassó, hecho al final de la gestión de Jorge Obeid.