Santa Fe.— La decisión judicial de condenar en primera instancia al ex arzobispo de Santa Fe, Edgardo Gabriel Storni, a ocho años de prisión por abusar sexualmente de un seminarista, que se conoció ayer fue sin dudas una de las noticias más conmocionantes del país.
Storni se convirtió ayer en uno de los primeros altos prelados de la Iglesia Católica del país en recibir una condena por tal delito y por el que debiera renunciar a conducir la grey capitalina hace 7 años, en medio del escándalo que se desató cuando la periodista Olga Wornat le dedicó un capítulo de su libro “Nuestra Santa Madre”, donde reveló conductas lujuriosas del arzobispo hacia algunos jóvenes que estudiaban en el seminario santafesino.
La causa judicial tomó forma cuando los ex seminaristas Marín Descalzo y Martín Lascurain denunciaron haber sido las víctimas de las que se habló en el libro, y paralelamente, cuando uno de los más respetados y ancianos sacerdotes de la ciudad, José Guntern, se sumó revelando que él mismo había aconsejado a Storni en una carta que cesara en esas prácticas.
Sin embargo, el libro no hizo más que poner en la agenda pública una situación que en la ciudad de Santa Fe se rumoreaba en muchos ámbitos desde hacía años. Al menos desde 1994, cuando el Vaticano ordenó una sigilosa y discretísima investigación de la conducta de Storni que llevó a cabo el arzobispo de San Juan, monseñor José María Arancibia. En aquel entonces todavía algunos encumbrados sectores salieron en pública defensa del arzobispo.
Es que el acoso que terminó siendo la única causa actualmente abierta contra Storni, y por la que fue condenado ayer por la jueza María Amalia Mascheroni a ocho años de prisión por abuso sexual agravado, aconteció en 1992.
Ese año, el seminarista Rubén Descalzo fue llamado a las oficinas del prelado para conversar. Y Storni, al despedirlo, lo abrazó e intentó besarlo. Ayer, Descalzo aseguró que el fallo cerraba una etapa de su vida (ver aparte).
Apelación. Pero la sentencia no está firme. El abogado defensor de Storni, Eduardo Jauchen, anunció que apeló la decisión de la jueza Mascheroni.
Cuando Wornat presentó su obra en la Feria del Libro de Santa Fe generó un escándalo público. Los ex seminaristas decidieron entonces denunciar al arzobispo en la Justicia y el padre Guntern reveló la carta privada en la que le pedía “tomar conciencia sobre la gravedad de sus actos”.
Hasta ese momento, la opinión pública santafesina estaba dividida entre quienes creían sin más en la inocencia de Storni y quienes atribuían las acusaciones a internas de la Iglesia pero les costaba creer que fueran verdad. Como jefe de la Iglesia, a Storni se le atribuía un accionar despótico y autoritario que le había granjeado no pocos adversarios internos, además de los recelos que producían en la sociedad civil sus posturas ultraconservadoras.
El incidente que volcó definitivamente a la opinión pública contra el arzobispo y lo dejó solo fue un intento intimidatorio contra Guntern, quien fue intempestivamente llevado a la sede episcopal una noche, y bajo amenazas de muerte, algunos de los sacerdotes lo obligaron a firmar una retractación de sus dichos. Pero el viejo sacerdote al otro día denunció el suceso en la policía, lo que hizo que otra causa se sumara contra Storni en los Tribunales.
En una misiva al Papa Juan Pablo II en la que no reconocía “culpas” ni “acusaciones”, Storni renunció al cargo de arzobispo de Santa Fe en septiembre de 2002 y se retiró a la ciudad de La Falda, donde reside desde entonces y cobra una pensión del Estado de 7 mil pesos mensuales. Su condición para la Iglesia Católica sigue siendo la de un consagrado, por lo que recibe el título de arzobispo emérito.
“No sabemos si la sentencia es justa o no. Ocho años suena a poco, no creo que este personaje los cumpla efectivamente en una prisión”, dijo ayer el abogado de Descalzo, Pablo Bórtoli.
El abogado de Storni, Eduardo Jauchen, dijo que la sentencia “no satisface las exigencias constitucionales de lo que debe ser una resolución adecuada a la decisión definitiva que, con grado de certeza en un proceso penal, se requiere para condenar a un ciudadano”, aseguró.
“No solamente el juez debe estar convencido de que ocurrió el delito; la certeza tiene que surgir de las pruebas que existen en la causa. En este proceso existe una total orfandad probatoria para arribar ni siquiera a un estado de probabilidad de la autoría del delito que se le atribuye a Storni”, dijo el abogado, y subrayó que Storni tiene 74 años y que este proceso lleva más de siete. “Por lo tanto, en el peor de los casos, tendría que cumplir con el arresto domiciliario por su edad y estado de salud, aunque lógicamente, ya apelé el fallo”, advirtió Jauchen, por lo que el expediente recaerá en la Cámara de Apelaciones en lo Penal.
Por Facundo Borrego
Por Nicolás Maggi