Sometieron a pericias a la mujer que denunció la desaparición de sus hijos

Las sospechas surgidas en torno a la existencia del embarazo de Liliana Montenegro, la mujer de Zavalla que denunció haber sido despojada de sus mellizos tras haber dado a luz en una clínica de Casilda, aún no fueron disipadas. Es que la junta médica a la que fue sometida ayer en la capital cordobesa para "despejar dudas" sobre el tema aún no se expidió al respecto.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron a LaCapital que en los próximos días se conocería el resultado final del estudio llevado a cabo en la Dirección de Servicios Judiciales dependiente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba. Si bien las fiscales que llevan adelante la investigación, Lorena Aronne y Marianela Luna, se valen de informes que acreditan el estado de gravidez de la mujer las conclusiones del peritaje serán claves para tener certezas definitivas sobre la existencia del cuestionado embarazo. Al respecto Luna precisó que el trabajo realizado por los profesionales "se desarrolló con mucha seriedad, profesionalismo y experiencia en la materia".

La mujer que asegura haber sido víctima del robo de sus bebés, un varón y una nena, y por cuyo caso están imputados y con prisión domiciliaria dos matrimonios casildenses, fue examinada por un grupo interdisciplinario de profesionales cuyo trabajo comenzó a media mañana y culminó en las primeras horas de la tarde.

El equipo primero fue munido por las fiscales de la documentación referida a la historia clínica de la denunciante a quien luego realizaron estudios físicos, ginecológicos, psicológicos y psiquiátricos durante unas cuatro horas, aunque no trascendieron mayores detalles.

Montenegro fue acompañada por Liliana Loyola, integrante de la Red de la Infancia Robada de Santa Fe que conduce a nivel nacional la religiosa Marta Pelloni, quien ayer ratificó su postura de que detrás del episodio denunciado "hay una organización mafiosa" (Ver aparte).

Aunque fueron notificados previamente de la medida judicial, los abogados defensores de los imputados se vieron privados de participar al no presentar un perito de parte aunque igualmente cuestionaron tal decisión. "Tuvimos que esperar afuera porque no nos dejaron ingresar, lo que afecta el derecho de defensa", dijo ayer a LaCapital el abogado defensor de Andrea N., y su esposo Germán S., Fausto Yrure.

Queja. En ese misma línea adelantó que prevé presentar un escrito para manifestar la queja puesto que "al no poder participar de la medida 1397059140explicó1397059140 ni siquiera supimos quiénes son y qué especialidades tienen los profesionales que realizaron los exámenes, además de no poder conocer con qué materiales contaron ni qué procedimientos utilizaron (para desarrollar sus tareas) además de ignorar el material obrante que le exhibieron".

Similar opinión manifestó el abogado defensor de Mariana N., y su marido Luis J., Germán Mahieu, quien calificó lo sucedido como "un atropello mayúsculo" y en ese marco manifestó su decepción al entender que "no hubiese costado nada, más allá de las cuestiones técnicas procesales, habernos permitido el acceso para controlar la medida".

Mahieu dijo que con este proceder "no pudimos saber, entre otros tantas cosas, cuál fue el material que compartió la fiscalía con los peritos para definir el criterio de trabajo".

En ese sentido preguntó: "Le habrán mostrado informes parciales y segmentados sobre el supuesto embarazo o la historia clínica del Centenario donde consta que Montenegro, a diez días de su alumbramiento, presentaba un estado de conservación de su cuello uterino que no se corresponde con las dimensiones que debería haber tenido de acuerdo al tiempo transcurrido del nacimiento".

Para el profesional no haber participado del control de la medida "afecta las garantías constitucionales". Al igual que su colega no solo defendió la inocencia de sus clientes. "Independientemente del resultado que arroje la junta médica, debió realizarse al iniciarse la causa para comprobar fehacientemente el embarazo y no después de 45 días, lo que evidencia la desprolijidad con que se está llevando adelante esta investigación que no es más que una aventura jurídica".

Al respecto Luna explicó que "se trató de un acto pericial del que nosotros no participamos porque no corresponde, al igual que la defensa, excepto que hubieran presentado un perito de parte para observar los procesos".