Sólo en un mes hubo 30 denuncias diarias por violencia de género

El relato de Lorena Serrano era desgarrador, casi imposible de escuchar. Aun así, la semana pasada la mujer hizo pública reiteradamente la tortura a que la sometió su ex pareja que, después, se suicidó a su lado. Contó también que, a dos días de salir del hospital, había recibido amenazas de la familia del hombre con el que convivió ocho años y dijo que se sentía "tan desprotegida como antes".

Pese a la atención pública puesta en la problemática de la violencia de género, el trabajo de organizaciones no gubernamentales y la implementación de programas estatales, los pedidos de auxilio frente a situaciones de agresión física o psicológica son cada vez más frecuentes. En un año, en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación se iniciaron unas 10 mil causas relacionadas con violencia de género y violencia familiar. Y sólo entre el 2 y el 24 de noviembre pasados, la Oficina de Violencia contra la Mujer recibió 449 denuncias, unas 30 por día.

El trabajo de esta dependencia creada en julio pasado fue uno de los puntos destacados en la presentación del 4º informe de gestión de la Fiscalía Regional Rosario. El documento abarca el período comprendido entre el 1 de octubre del año pasado y el 31 del mismo mes de este año. En ese período, los fiscales recibieron 188.202 denuncias por distintos tipos de infracción a la ley penal. De ese total, uno de cada 20 expedientes (el 5,5 por ciento) tuvieron a mujeres o niños como víctimas y a los varones de la familia como agresores.

"Es un número muy alto y, por la propia dinámica de la violencia, las situaciones son muy complejas", advierte Raquel Almada, al frente del grupo de fiscales y empleados del Poder Judicial encargados de llevar adelante estos casos.

Sin estadísticas. La falta de estadísticas a largo plazo no permite concluir que exista un aumento en la cantidad de situaciones de violencia contra las mujeres ocurridas en el sur provincial, pero sí existe claramente un incremento en la cantidad de denuncias. "Las mujeres llegan más empoderadas, con más conciencia de su realidad, pero al mismo tiempo la cantidad de mujeres que recibimos es enorme", señala Roxana Tombeta, secretaria de gestión de la oficina.

Y repasa las denuncias recibidas sólo durante el mes pasado: entre el 2 y el 24 de noviembre, recibieron 449; un promedio de 30 por cada día hábil. Todas llegan con el mismo objetivo: "vivir en paz, tranquilas, que no las molesten más, que alguien haga algo que frene la situación o que alguien les explique a sus ex parejas que ya no quieren estar con ellos", resume Tombeta.

Generalmente se trata de mujeres que no acuden tras el primer golpe, sino que son víctimas de complejas situaciones de maltrato y agresiones que no dejaron moretones.

Al final del pasillo. La Oficina de Violencia contra la Mujer ocupa una habitación ubicada en el fondo de la casona de Montevideo al 1900 donde funciona la Fiscalía Regional. Hasta su creación, las denuncias por agresiones, golpes o amenazas quedaban repartidas en una decena de juzgados Correccionales y 15 de Instrucción.

Para el fiscal Alvaro Campos, el cambio no es menor. "Hubo una decisión de política criminal de crear una división y eso hizo más visible esta problemática", destaca y recuerda que hubo que vencer muchos prejuicios que acotaban las cuestiones de violencia machista a conflictos propios de la vida doméstica.

Y si bien los integrantes de la oficina destacan que "los jueces muestran buena recepción" a las medidas pedidas desde la fiscalía, también destacan que, desde lo técnico, la ley de violencia de género suele provocar tensiones con los procedimientos penales. "Llevamos a las audiencias causas por desobediencias a prohibiciones de acercamiento, amenazas o lesiones que exigen necesariamente mirar los hechos desde la perspectiva de género, lo que implica considerar la relación entre la víctima y el victimario, el lugar donde se produce el ataque y, sobre todo, la reiteración de las agresiones", señalan.

Una nueva perspectiva que se pondrá en juego en febrero o marzo del año próximo, cuando los fiscales esperan llevar a juicio oral el primer caso de violencia de género.

La obligación de denunciar

Durante este año se elaboraron numerosas circulares determinando pautas de trabajo a seguir para fiscales, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Una de ellas, la resolución 139/15, fija pautas de actuación en relación a la obligación de denunciar los hechos cometidos en el contexto de violencia contra la mujer y en aquellos casos donde niños, niñas y adolescentes sean víctimas de delitos enmarcados en violencia doméstica.