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Solicitaron 25 años de cárcel para represores

Las querellas finalizaron ayer sus alegatos en el segundo proceso por crímenes en la ex Jefatura. Hoy pedirá penas la Fiscalía.

Viernes 15 de Agosto de 2014

El fiscal federal Gonzalo Stara comenzó ayer su alegato en el juicio oral por la llamada causa Feced II que tiene como imputados a diez ex integrantes del Servicio de Informaciones (SI) de la policía provincial acusados de delitos de lesa humanidad. En tanto, concluyó el propio la última de las querellas, que solicitó penas de 25 años de cárcel para cuatro de los represores.

El segundo juicio oral por delitos cometidos en el centro clandestino que operó en el SI durante la última dictadura entró en su etapa final, en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, integrado por Noemí Berros, Roberto López Arango e Ivon Bella. Este juicio oral acumula cinco causas diferentes y tiene como imputados a Eduardo Dugour, Ernesto Vallejo, Pedro Travagliante, Ovidio Olazagoitía, Julio Fermoselle, Ramón Ibarra, Lucio Nast y Ricardo Torres, que están acusados por privación ilegal de la libertad agravada, tormentos y asociación ilícita. A ellos se suma Rubén Lo Fiego, ya condenado en el juicio Díaz Bessone, pero ahora acusado de asociación ilícita; y Carlos Ulpiano Altamirano, que a todos esos delitos le agrega el de homicidio.

El representante del Ministerio Público Fiscal comenzó en la audiencia de ayer con las primeras consideraciones y continuará en la jornada de hoy cuando, se prevé, reclamará severas penas para todos los acusados que podrían ir hasta los 25 años de prisión, y hasta de cadena perpetua para Altamirano.

En tanto, finalizó ayer su alegato la querella que representan las abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini, legitimada en la acusación de cuatro de los imputados.

Las letradas solicitaron se condene a Altamirano, Ibarra, Nast y Vallejo "a la pena de 25 años de prisión como coautores penalmente responsables del delito de genocidio", en perjuicio de Marcelo de la Torre, Stella Hernández, Alfredo Vivono, Liliana Gómez, Juan Luis Girolami y Nené Bettanín. Añadieron que "en todos estos casos deberán aplicarse las penas previstas en nuestro ordenamiento por haber sido coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, con los agravantes" previstos en el Código Penal.

También solicitaron "el cumplimiento de la pena en cárcel común y efectiva del Servicio Penitenciario Federal desde este mismo momento", atento a que "la peligrosidad procesal aumenta exponencialmente ante la inminencia de un veredicto condenatorio". Recordaron "lo que significó para las víctimas encontrarse con sus verdugos en libertad", y que "la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que los tribunales presten un servicio de justicia efectiva".

En ese sentido, plantearon que "el derecho de las víctimas al acceso a la justicia se vería burlado si los imputados permanecen en sus domicilios, en libertad o en prisiones ilegales y llenas de prebendas como la Alcaidía de Jefatura de Rosario".

La semana pasada, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la agrupación Hijos y representantes de víctimas habían solicitado la pena de prisión perpetua para Altamirano y 25 años de cárcel para Nast, Torres, Lo Fiego, Ibarra, Fermoselle, Olazagoitía, Vallejo, Dugour y Travagliante, además de que esas sentencias "sean de cumplimiento efectivo en cárcel común".

En este juicio oral se investigan crímenes en perjuicio de 43 víctimas, entre ellos los asesinatos de Conrado Galdame en 1978 en el SI, y de los ciudadanos peruanos Rory y María Antonieta Céspedes, ultimados en un operativo fraguado para encubrir la muerte de Galdame.

Deportado al banquillo. El juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo comenzó ayer a leer al ex militar deportado el domingo por Bolivia a la Argentina Jorge Horacio Páez la acusación que pesa en su contra. El ex oficial del RIM 22 de San Juan está acusado de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos a detenidos políticos y abuso sexual, delitos a los cuales se le agregará el asesinato del militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) Nicolás Farías.

En tanto, el piloto holandés de aviación Tim Eisso Weert declaró por videoconferencia desde Holanda en el juicio que sigue el Tribunal Oral Federal 5 porteño por delitos en la Esma, y ratificó que su colega argentino Julio Poch le confesó haber participado en los "vuelos de la muerte". Poch fue extraditado desde Holanda y procesado, pero luego la Cámara Federal revocó la medida, que fue apelada por el fiscal.

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